La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) fue creada con el objetivo primordial de lograr estabilizar la concentración de Gases Efecto Invernadero (GEI), y busca incidir sobre las acciones humanas que han contribuido al cambio climático. Por ello plantea que “Las partes deberían tomar medidas de precaución para prever, prevenir o reducir al mínimo las causas del cambio climático y mitigar sus efectos adversos” CMNUCC (1992: 5). Con el fin de dar operatividad a la CMNUCC en 1997 en Rio de Janeiro se estableció el Protocolo de Kioto (PK), el cual crea instrumentos flexibles para ayudar a los países anexo I a cumplir sus compromisos de reducción de emisiones de GEI en 5,2% para el 2010 respecto a 1990. Uno de estos son los Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL) creados en al artículo 12 del PK. En los MDL los países Anexo I pueden financiar proyectos de disminución de GEI realizados en países en vías de desarrollo, lo cual les resulta atractivo para cumplir con su cuota de reducciones a un menor costo, que hacerlo en su propio país. Los proyectos MDL establecen las formas de lograr el objetivo del PK, ya sea por reducción de la fuente, es decir de “cualquier proceso o actividad que libera un gas de invernadero, un aerosol o un precursor de un gas de invernadero en la atmósfera” CMNUCC (1992: 3), en los sectores de energía, procesos industriales, utilización de disolventes y otros productos y la agricultura, así como de sumidero, en el sector de desechos. El papel de los países en desarrollo es voluntaria a través de los MDL, vistos como una oportunidad para los países del “tercer mundo” de desarrollarse, con transferencia tecnológica, financiación y beneficios para quienes los desarrollen. Entre las proyecciones de producción energética en Colombia está la eólica con el proyecto “Aprovechamiento Eólico de la Alta Guajira” ubicado en territorio Wayuu por su potencial ecológico de vientos. La fase inicial es el Parque Eólico Jepirachi (PEJ) en la Guajira, un proyecto experimental de energía limpia por iniciativa de Empresas Públicas de Medellín (EPM), se registro ante Naciones Unidas en abril de 2006 y fue el primer proyecto MDL colombiano en emitir Certificados de Emisiones Reducidas (CERs), con el interés de nueve países del anexo I. El PEJ se justifica como MDL por reducir emisiones de CO2 al desplazar plantas térmicas, como aporte ambiental, en lo social, “se esperan beneficios colaterales significativos para la población indígena del área de influencia del proyecto” Ministerio del Medio Ambiente, Banco mundial y National Strategy Studies (2000: 87). Por su parte EPM menciona que los programas inherentes al PEJ “tienen como propósito la implementación de proyectos, programas y acciones que contribuyan de forma efectiva al desarrollo local de dicha comunidad y las instituciones, orientado a cuatro áreas temáticas: social (…) cultural (…) económica (…) e institucional y organizativa” EPM (b. 2004: 181). Por tanto se prevén beneficios de impacto positivo sobre el territorio wayuu. Revisando informes relacionados con el PEJ aparece una situación problemática relacionada con la distribución económica, ecológica y cultural. Frente al PEJ los wayuu pidieron a EPM energía eléctrica, agua potable, dotación de instalaciones para mejorar los servicios de salud y educación, alimento para los animales y empleo y capacitación del personal (son muestra de los intereses materiales de sobrevivencia para los wayuu). Por su parte la compañía EPM entrego en calidad de compensación programas nutricionales y de salud, creó programas para el desarrollo local, de capacitación para etnoturismo, empacado de alimentos, mantenimiento de desalinizadores de agua y capacitaciones en artesanías. Estos son programas foráneos dentro de los cuales falta ver cómo juega el conocimiento local, ya que se insertan actividades de carácter tradicional como el tejido, pero con intensiones de una visión particular y única frente al desarrollo. Contrario a la posición optimista de EPM la expedición energética realizada por Censat (2005) en la Guajira, menciona quejas de los wayuu por el incumplimiento de EPM por casas mal construidas, incumplimiento en entrega energía eléctrica y de agua potable (la cual no es posible obtener de forma tradicional por medio de jagüeyes), y daños al oído por ruido de aerogeneradores, además de desplazamientos de familias y restricciones a la entrada al PEJ (Censat, 2005), con posibles incidencias culturales y territoriales. Dado lo anterior se evidencia la existencia de un conflicto distributivo de corte ambiental, por lo cual se busca profundizar en este, teniendo un alcance de la investigación de ámbito local, ligado a la estrecha conexión con las políticas de ámbito global, y analizando sus dimensiones económica, ecológica y global.