La poca efectividad y capacidad del Estado de proteger y restituir los derechos de sus ciudadanos principalmente se debe por su imposibilidad de garantizar el acceso a la justicia, en otro palabras, muchas veces el Estado es incapaz de intervenir sobre los conflictos por el simple hecho de que las personas no pueden acercarse al operador de justicia, no confían en el sistema, no tienen los recursos económicos para iniciar un proceso y/o por desconocimiento. He ahí que el derecho al acceso a la justicia es un derecho bisagra (Sousa, 1991) del cual depende los demás derechos para que puedan ser exigidos, protegidos y/o restituidos.