La utilización de métodos de biología molecular para la identificación de personas desde el punto de vista de su patrimonio genético único e irrepetible es una práctica cada vez más corriente en los distintos sistemas legales de los países. A partir de 1985, cuando AlecJeffreys desarrolló un sistema de análisis de unidades de repetición del ADN y demostró su utilidad en casos de filiación o de violación, se acuñó el término de huellas genéticas o fingerprints, y estas entraron a ser usadas como pruebas en los procesos civiles o penales, ofreciendo mayor certeza frente a otras pruebas tradicionales. Si bien la obtención y utilización de los datos genéticos de personas puede ser de gran utilidad en el esclarecimiento de procesos judiciales, también puede dar origen a abusos de diversa índole. Diversas organizaciones, entre ellas UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) y HUGO (Organización para el Genoma Humano), así como asociaciones civiles y científicas y un gran número de intelectuales, científicos y bioeticistas se han pronunciado en torno a los posibles abusos y violaciones a los derechos humanos fundamentales derivados de la falta de garantías legales frente al uso de los datos genéticos. En este sentido después de la adopción en 1998 de la Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos, la UNESCO encomendó a un grupo de expertos del Comité Internacional de Bioética la preparación de un documento marco, la Declaración Internacional sobre los Datos Genéticos Humanos, la cual fue aprobada por unanimidad por la Conferencia General en 2003. En Colombia, la preocupación en torno a la disponibilidad de datos genéticos se torna más aguda al tener en cuenta los alcances de la investigación genética humana que se realiza sin un marco de regulación que establezca guías claras sobre los derechos de los ciudadanos que aportan muestras y los deberes de quienes colectan, almacenan, procesan y disponen de dicho material. En el contexto de tendencias internacionales garantistas frente a los avances de la genética y la biología molecular, el desarrollo de un marco jurídico en Colombia se hace necesario para prevenir potenciales abusos derivados de la capacidad de manejo de datos genéticos humanos que aumentan la disponibilidad de información sensible de las personas en manos de instituciones de investigación privadas y públicas y de entidades del gobierno. La obtención, el manejo y la utilización, tanto de los datos genéticos como de las muestras biológicas a partir de las cuales éstos se producen, pueden generar en violaciones de los derechos fundamentales de las personas en conexión con sus características biológicas, su credo y sus afinidades culturales, sociales y políticas. La garantía de la dignidad humana como presupuesto fundamental del Estado social de derecho consagrado en la Constitución Política de 1991 debe proyectarse a proteger la confidencialidad, la intimidad e interés personal en la información genética propia, sin lo cual se ponen en riesgo la libertad y autonomía del individuo.