El marco jurídico para la investigación en recursos genéticos en el país proviene de los compromisos adquiridos por Colombia con la ratificación del Convenio de Diversidad Biológica. Al igual que otras naciones, el reconocimiento de la soberanía sobre su patrimonio genético llevó al país a crear regímenes de acceso a recursos genéticos. Colombia, junto con los países de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), estableció un régimen común mediante la Decisión 391 de 1996. Los objetivos de esta Decisión fueron acordar las condiciones para la participación justa y equitativa en los beneficios derivados de la aplicación comercial e industrial de recursos genéticos; la promoción y desarrollo regional de las capacidades científicas, técnicas y tecnológicas; y el fortalecimiento de la capacidad negociadora de los países miembros. En su conjunto, el régimen común de acceso buscaba que la soberanía de los países se transformara en beneficios tecnológicos y económicos. No obstante, esta legislación se adoptó sin realizar cambios institucionales y sin construir una capacidad nacional para gestionar idóneamente los trámites de permisos a recursos genéticos. En Colombia, desde la vigencia de la legislación de acceso, sólo se había firmado un contrato sobre investigación genética con fines científicos hasta el año 2006 a pesar de múltiples solicitudes de investigadores e instituciones. Durante el presente año el MAVDT ha terminado la firma de 7 contratos de acceso adicionales. Con base en un examen preliminar de expedientes públicos sobre acceso en el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT) el Grupo de Investigación PLEBIO estableció que en promedio los procesos podían durar más de dos años. La mayor parte de la investigación genética que se realiza en el país actualmente se desarrolla bajo condiciones de ilegalidad ya que no cuenta con las autorizaciones de acceso a los recursos genéticos y los permisos de investigación correspondientes. Al mismo tiempo el régimen jurídico prevé procedimientos menos rigurosos para realizar investigación sobre recursos biológicos y para enviar muestras fuera del país. Estos permisos no autorizan el acceso a los recursos genéticos, para lo cual se requeriría la respectiva solicitud y el permiso correspondiente. Sin embargo, las autoridades ambientales no tienen mecanismos que permitan verificar el nivel de acceso y uso de la información genética contenidos en los recursos biológicos. Este doble regulación se puede esta prestando para que salgan del país los recursos genéticos contenidos en los recursos sin que la nación tenga la capacidad para determinar la extracción y utilización de material genético. Una vez fuera del país este material puede ser objeto de patentes sin que el país conozca y menos tenga participación en los beneficios derivados de su aplicación industrial. Así, el problema que enfrenta el país es que de un lado, la legislación sobre acceso a recursos genéticos desmotiva, y se ha convertido en un obstáculo para el desarrollo de la investigación genética en el país, ya que los investigadores no pueden obtener el permiso de acceso oportunamente; y del otro, los procedimientos institucionales y la legislación vigente no han logrado detener la extracción y salida ilegal del material genético del país. Análisis preliminares del Grupo PLEBIO y de otros investigadores permiten señalar que en materia de trámites de acceso a recursos genéticos el país carece de procedimientos ágiles y de mecanismos de control efectivos, que el investigador no cuenta con información ni instrumentos para interactuar con el sistema institucional, que tales trámites no establecen distinciones para investigación con fines académicos frente a la investigación orientada por objetivos comerciales, que las autoridades ambientales no tienen capacidad técnica para la evaluación de las solicitudes, y que la coordinación entre las autoridades ambientales es precaria. Estas indicaciones son aproximaciones iniciales y requieren que se haga una investigación exhaustiva y sistemática. El grupo de investigación PLEBIO ha avanzado en la caracterización de la experiencia práctica, resultados y alcances en materia de solicitudes y autorizaciones de investigación en diversidad biológica en la Unidad Administrativa Especial de Parques Nacionales Naturales. Para este efecto se cuenta con la información de los permisos tramitados en los años 2003 al 2006. Igualmente se ha recopilado información básica sobre el mismo tipo de procedimientos de 12 Corporaciones Regionales con jurisdicción en diversos ecosistemas del país. Este proyecto plantea que el régimen legal vigente en el país se ha construido a partir de una diferenciación tajante entre los recursos biológicos y los recursos genéticos, estableciendo regímenes de propiedad, procedimientos y autoridades competentes diferenciadas, incidiendo sustancialmente en la ineficiencia de la legislación y en el entrabamiento de la investigación. Esta estructura normativa e institucional levantada sobre una base poco sólida impide el ejercicio de la soberanía del Estado sobre los recursos genéticos y la participación equitativa y justa en los beneficios derivados de su utilización. Esta investigación evidenciará, que dicha separación conceptual tiene un peso sustancial en la ineficiencia de la estructura jurídica e institucional, tal y como se desprende de analizar las experiencias de otros países que parten de un enfoque diferente. La realización de esta investigación prevé un diseño metodológico interdisciplinario que parte de una fundamentación biológica para el análisis de legislación, solicitudes y expedientes, complementada con análisis institucional y organizacional y estudio jurídico del marco normativo. Se aplicarán herramientas de análisis y hermenéutica jurídica para el estudio de las fuentes formales del derecho, instrumentos y enfoques organizacionales y económicos para determinar indicadores de gestión y eficiencia en los procedimientos que se aplican actualmente en el trámite de las solicitudes de acceso, e instrumentos de investigación social como entrevistas en profundidad para documentar las experiencias de investigadores y funcionarios en relación con el uso y gestión del sistema vigente.