En la actualidad, existe un consenso generalizado acerca de la importancia de promover la inclusión financiera, entendida como el acceso y uso efectivo de productos y servicios financieros formales —tales como medios de pago, cuentas de ahorro, crédito y seguros—. En línea con la definición de la Alliance for Financial Inclusion (AFI2012), la inclusión financiera implica además que dichos servicios sean ofrecidos de manera asequible, adecuada y segura, con el propósito de mejorar el bienestar de las personas y favorecer la participación de los segmentos históricamente excluidos del sistema financiero. En este sentido, diversos estudios y organismos internacionales reconocen la inclusión financiera como un pilar esencial para impulsar el desarrollo económico y social, en tanto favorece la reducción de la pobreza, la igualdad de oportunidades y la estabilidad financiera (khan2024, nyarko2023, park2020, saha2022, vargassilva2025). Sin embargo, y a pesar de su reconocida importancia, una proporción significativa de la población continúa enfrentando restricciones para acceder a productos del sistema financiero formal, particularmente al crédito. Desde la perspectiva de la oferta, la decisión de otorgar crédito se encuentra mediada por la asimetría de información, que muchas veces dificulta que las instituciones financieras evalúen de manera precisa la capacidad de pago de los solicitantes (claessens2018), la elevada percepción de riesgo debido a la falta de historial crediticio y la ausencia de garantías \citep{jin2024}, así como por las exigencias regulatorias en materia de provisiones y capital (birn2020, elmoussawi2021,cuba2024), o por la existencia de un límite regulatorio para la tasa de interés de los créditos, lo cual puede limitar la expansión de la cartera, en especial hacia segmentos más riesgosos. Colombia es uno de los países en el mundo que tiene límites regulatarios a la tasa, por lo que se plantea analizar el efecto que el incremento en la Tasa de Interés Bancario Corriente, ocurrido en enero 2024, tuvo sobre el saldo real de la cartera de créditos populares productivos en Colombia. Para esto se realizará un análisis cuasi experimental, fundamentado en el cambio exógeno que se produjo entre enero y abril del 2024 en la metodología de cálculo de la TIBC para los créditos populares productivos, la cual determina su tasa de usura, en comparación con la oferta de desembolsos de los créditos de consumo de bajo monto, la cual no estuvo afectada por este cambio.