El presente proyecto tiene por objeto abordar la temática de los juicios de responsabilidad patrimonial del Estado derivados del ejercicio de la actividad médica ginecobstétrica, problematizándolos a partir del entendimiento y probanza de sus elementos en función de enfoques diferenciales tales como el género, las sexo-género-disidencias y las capacidades diversas. De allí que se indague sobre tal cuestión bajo tres aspectos concretos: las tipologías del daño (cómo deben entenderse y aplicarse en dichos juicios), los dispositivos de flexibilización de la carga probatoria a cargo del demandante (y, en particular, la teoría de la probabilidad preponderante) y la falla en el servicio autónoma derivada de la falta de atención -en materia jurisprudencial y de políticas públicas- a la violencia obstétrica sobre personas sexo-género-disidentes. Tal estudio se encuentra justificado en los problemas que enfrenta la parte actora en los procesos de responsabilidad médica del Estado, dado el carácter hipertecnificado del objeto litigioso (tanto en materia médica como jurídica), así como la dificultad probatoria que sobre los hechos jurídicamente relevantes recae. Los inconvenientes anteriores se profundizan cuando el sujeto pasivo del daño antijurídico es una mujer y la falla en el servicio la constituye una deficiencia en el ejercicio de la actividad médica ginecobstétrica, pues esta última suele tener efectos diferenciados en el ejercicio del proyecto de vida y, sobre todo, en la libertad sexual de la persona que padece la afectación. El análisis se complejiza cuando la víctima es una fémina con capacidades diversas (particularmente, las asociadas a neurodivergencias), siendo este el caso de varias personas que fueron sometidas a ligadura de trompas no consentida en vigencia del régimen de interdicción, suprimido por la Ley 1996 de 2019. Como principales resultados se espera obtener: a) una construcción argumental que defienda el retorno a la aplicación de la teoría de la probabilidad preponderante en los juicios de responsabilidad patrimonial del Estado derivados del ejercicio de la actividad médica (y en particular, médica ginecobstétrica); b) una aproximación teórica que dé cuenta de la existencia de una falla del servicio por causa de la ausencia de jurisprudencia y de políticas públicas dirigidas a la atención de la violencia obstétrica contra personas sexo-género-disidentes; c) una reinterpretación de las tipologías del daño existentes con miras a su aplicación particularizada en los juicios de responsabilidad patrimonial del Estado derivados del ejercicio de la actividad médica ginecobstétrica. Tomando en consideración los anteriores elementos es posible señalar que una de las variables abordadas en este estudio se relaciona con la calidad del sujeto pasivo del daño y los elementos de juicio de responsabilidad del Estado por la actividad gineco-obstétrica. Así, los tres elementos de juicio de responsabilidad que ampliamente se han estudiado en la jurisprudencia del Consejo de Estado; es decir, la existencia de un daño o lesión de naturaleza patrimonial o extrapatrimonial, cierto y determinado o determinable, que se inflige a uno o a varios individuos; una conducta, activa u omisiva, jurídicamente imputable a una autoridad pública; y una relación o nexo de causalidad entre esta y aquél (C.P. Hernán Andrade Rincón), se deben estudiar a la luz de los sujetos pasivos del daño como es el caso de las mujeres cisgénero (es decir, que se identifican como mujeres y fueron asignadas femenino al nacer) y personas en el espectro transgénero que hayan sido asignadas femenino al nacer. La conducta que genera el daño se relaciona con su anatomía femenina, su capacidad reproductiva y el nacer en un cuerpo sexuado femenino.