El proyecto propuesto se centra en la implementación del "lenguaje claro" como una herramienta clave para mejorar la comunicación en la Universidad Nacional de Colombia (UNAL). Este enfoque busca facilitar intervenciones inclusivas y participativas, reconociendo la importancia del lenguaje claro en el ámbito jurídico y administrativo, donde su ausencia puede convertirse en un factor de exclusión (Perafán, 2021; Rosero, 2021). Originado en el Reino Unido, el lenguaje claro ha evolucionado en Iberoamérica, con ejemplos notables en España, México, Argentina, Chile y Colombia. En este último, se destaca, posterior a la promulgación de la Constitución Política de 1991, sus desarrollos en la política pública de relacionamiento con el ciudadano, por medio de la Política Nacional de Servicio al Ciudadano (CONPES 3785 de 2013), seguido, con énfasis en la política de relacionamiento, por la promulgación de la Ley 1792 de 2014, conocida como “Ley de transparencia” regula el derecho de acceso a la información pública (Congreso de la República, 2014) y la Ley 2052 de 2020, conocida como “Ley de racionalización de trámites”, con el objetivo de reducir buena parte de los trámite (Congreso de la República, 2020, p. 4) En el ámbito legislativo, el Senado de la República ha trabajado iniciativas de ley que reconocen la dificultad de comprensión del lenguaje jurídico y buscan establecer un formato de Sentencia de Lectura Fácil para proteger el derecho a comprender, considerándolo como una puerta para la garantía de otros derechos humanos fundamentales (Senado de la República, 2022, p. 26). En el judicial, mediante la Sentencias de Tutela del 19 de octubre de 2016 y del 15 de julio de 2022 se privilegió el lenguaje Claro y Sencillo de lo decidido, en consideración a las calidades de los destinatarios de las mismas y sus diversas capacidades (Corte Constitucional, Sentencia 15 de julio de 2022, exp. T-8.518.878; Corte Constitucional, Sentencia 19 de octubre de 2016, exp.T- 5.584.835). La Universidad Nacional de Colombia, como entidad autónoma, se encuentra en una posición propicia para adaptar el lenguaje claro a su ecosistema comunicativo. Esto, no solo implica una política de relacionamiento efectivo entre servidores públicos y la comunidad universitaria, sino también la posible integración de avances tecnológicos o de innovación con sello UNAL, que impacten en los Sistemas de Garantía de Calidad y de Probidad e Integridad con enfoque diferencial, que refuercen la visión de una universidad comprometida con la equidad y la inclusión. La propuesta también considera la empatía y el diálogo intercultural, como potencializadores de estrategias comunicativas decididamente incluyentes que permitan una participación en la toma de decisiones que afecten la comunidad universitaria. En este sentido, se considera importante la articulación con redes, como la Red de Lenguaje Claro Capítulo Colombia, la Red Panhispánica de Lenguaje Claro y los avances de la institucionalidad, como el Departamento Nacional de Planeación, entre otros, organizaciones académicas como el Observatorio de Lenguaje Claro de la Universidad de Buenos Aires y organizaciones no gubernamentales con vocación de participación ciudadana.