En vista del panorama de escasez de recursos hídricos en el futuro en Colombia (IDEAM, 2002), se estudia actualmente la aprobación de la Ley 365, la cual incorpora una serie de instrumentos de mercado (Capitulo segundo, artículo 17: Cesión de las Concesiones donde se permite traspasar el derecho al uso y aprovechamiento del recurso hídrico, Artículo 8, Parágrafo 1: Trasvase De Cuencas) para gestionar el recurso hídrico, y solucionar el problema de disponibilidad y escasez. En efecto, es evidente la necesidad de diseñar prácticas más eficientes y competitivas en la gestión del recurso hídrico en Colombia, pero consideramos que la creación de un mercado del agua en Colombia tiene implicaciones ambientales, económicas y sociales que aún no se han dimensionado y además requiere de instituciones fuertes, un sistema de información muy bien estructurado y un marco legal sólido acorde con el reto , entonces surge la pregunta de ¿Hasta que punto se puede implementar el mercado del agua en Colombia?. La construcción eficiente de todo mercado requiere la existencia de las condiciones básicas para que se produzca el intercambio: i) derechos de propiedad bien definidos; ii) información pública sobre la oferta y demanda de derechos de agua; y, iii) la posibilidad física y legal de que se produzca el intercambio iv) de un diagnóstico completo del estado actual del recurso. Cabe resaltar la importancia que tiene la clara definición de los derechos de propiedad para el funcionamiento de un mercado, en el caso del agua, los derechos de propiedad definen y limitan los beneficios y obligaciones recíprocos de sus tenedores y de éstos con el resto de la sociedad para usar una cierta cantidad de agua, que puede definirse volumétricamente o proporcionalmente respecto a un caudal fluvial o de un canal. Si los derechos están mal definidos, no se puede confiar en los procesos de mercado para asignar los recursos hídricos con eficiencia. Con un marco institucional y legal débil y sin la existencia de un sistema de información y monitoreo confiable y bien estructurado, la asignación de derechos de propiedad no garantiza las condiciones para que el mercado logre una asignación eficiente y equitativa del recurso para los diferentes usos.