Los asuntos sobre la propiedad de la tierra en Colombia son uno de los factores más problemáticos del país. Los bienes baldíos en Colombia son aquellos bienes inmuebles por naturaleza que son propiedad de la nación y carecen de explotación económica por parte de un particular, estos terrenos no pueden ser adquiridos por los modos originarios de adquisición que son prescripción y ocupación, son aquellos que, como lo dice Velázquez Jaramillo (2014), están esperando un colono por primera vez. Pese a no poder ser adquiridos por los modos originarios, pueden ser adjudicados a personas naturales, empresas comunitarias y cooperativas campesinas, de acuerdo con lo fijado para cada región o municipio por el Instituto de Desarrollo Rural, que aplicó hasta 2015, ahora son adjudicadas por La Agencia Nacional de Tierras; también pueden ser adjudicadas a entidades de derecho público para obras con fines de interés social (Velásquez Jaramillo, 2014). El derecho de dominio se ha visto permeado por los cambios sociales y la decadencia de las ideas originales del legislativo que en su momento lo concibió. Los elementos conceptuales básicos que se encontraban de fondo para estructurar jurídicamente cómo operaba la tenencia de la tierra, han cambiado sustancialmente, no solo porque esos originarios elementos conceptuales que subyacen en el Código Civil y en la jurisprudencia se han influenciado por la idea de producción económica de la tierra, sino también por muchas otras varias ideas y corrientes teóricas que han irrumpido en nuestro ordenamiento jurídico, tan importantes como la constitucionalización del derecho, con la consecuente función social y ecológica del derecho de dominio, así como el reconocimiento de nuevos actores y territorialidades como la de pueblos indígenas, afrocolombianos, el pueblo Rom y campesinado, quienes requieren esquemas y estándares de protección diferenciados, para salvaguardar su identidad como grupo y permitir condiciones de vida dignas. Así, la presente investigación busca hacer un aporte sobre las bases que en la actualidad son requeridas para un entendimiento contemporáneo del dominio, en particular, sobre las comunidades indígenas del territorio de la Línea Negra de la Sierra Nevada de Santa Marta, que incluya dentro de sus variables la noción genérica de propiedad, su alcance respecto a los sujetos de especial protección, el favorecimiento de la explotación, la promoción de la dignidad humana. Asimismo, para el análisis se tendrán en cuenta, además de la normativa civil, el Decreto 1500 de 2018, la reciente sentencia SU-288 de 2022, entre otras disposiciones normativas y doctrinarias que se ocupen de la institución de la propiedad. De manera que el entendimiento global del acceso a la propiedad y el goce efectivo de la misma, enfocada a la adjudicación de los baldíos en Colombia a las comunidades indígenas que habitan la Sierra Nevada de Santa Marta es determinante para el estudio del acceso a la propiedad de manera general y contribuye al bienestar de la comunidad. Toda vez que, es paradigmático al haber sido adoptado por el decreto 1500 de 2018 que, reconoció una "línea negra" que delimitaba desde hacía más de 49 años los derechos de las cuatro comunidades que vivían y desarrollaban su modus vivendi siempre al resguardo y cuidado de la Sierra. Por supuesto, aunque la delimitación es mucho más grande y aunque existen diversidad de derechos contrapuestos y superpuestos en toda la región así delimitada, la idea es tratar de clarificar el ejercicio de esos derechos tanto como se pueda, pero también de matizar teórica y prácticamente sus delimitaciones y debidas articulaciones en pro de todos los titulares y destinatarios de cada norma.