La población mundial está envejeciendo rápidamente y, como resultado, se estima que entre 2015 y 2050 la población mundial de personas con más de 60 años pase del 12% al 22%. Es decir que la población mayor de 65 años crece a un ritmo más rápido que el resto de segmentos poblacionales, lo cual no es un fenómeno ajeno a Colombia, pues si bien en términos generales la transición demográfica en el país es moderada, si la comparamos con el resto de países de Latinoamérica es una de las más rápidas junto a países como Perú, México y Brasil. Según datos del DANE para el año 2019 los adultos mayores representaban el 13,2% de la población en el país y, a pesar de que las personas están viviendo más tiempo, esto no ha implicado que estén viviendo con buena salud y la satisfacción plena de sus necesidades. Como respuesta a este fenómeno, a nivel mundial se ha venido trabajando para afrontar el envejecimiento poblacional, mediante la promulgación de convenciones e instrumentos públicos de derecho internacional. Entre los más importantes resaltan el Plan de Acción Internacional de Madrid (2002), “La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible” donde se trata el tema del envejecimiento en 9 de los 17 objetivos de desarrollo sostenible, la “Estrategia y plan de acción mundiales sobre el envejecimiento y la salud 2016-2020: hacia un mundo en el que todas las personas puedan vivir una vida prolongada y sana” (2016) y, por último, la llamada “Década de envejecimiento saludable” (2020) el cual es un segundo plan de acción de la estrategia mundial de la OMS sobre el envejecimiento y salud que desarrolla los instrumentos internacionales antes mencionados. En Colombia, la protección y asistencia de las personas de la tercera edad está garantizada por el artículo 46 de la Constitución Política y el bloque de constitucionalidad que abarca todos los instrumentos internacionales de derechos humanos. Así mismo, se ha venido desarrollando la “Política Nacional de Envejecimiento Humano y Vejez” al igual que un marco normativo importante encabezado por la Ley 1251 de 2008 la cual es la ley marco entorno a la protección de los adultos mayores, no obstante, a pesar de los avances que se han obtenido aún no se han logrado satisfacer las necesidades de esta población, en concordancia con sus derechos fundamentales como el derecho fundamental a la salud y a la protección económica en la vejez, esto debido a las dificultades en el acceso a los servicios sanitarios, medicamentos y a cuidados de larga duración y, a la desigualdad y discriminación que sufren los adultos mayores ya que en la mayoría de casos pierden la capacidad de vivir de manera independiente, con padecimientos de movilidad, fragilidad entre otros problemas físicos y mentales. Situación que se ve agravada cuando se hace énfasis en poblaciones o comunidades vulnerables por condiciones socioeconómicas y de desplazamiento a raíz del conflicto armado y desastres naturales. En el caso de las mujeres adultas mayores la discriminación y desigualdad es doble: por un lado, por el hecho de ser mujer (discriminación que vienen arrastrando desde la infancia); y por otro, por ser adulta mayor. En consecuencia, se trata de una discriminación multidimensional que exige, asimismo, medidas de carácter multidimensional. De cara al futuro el escenario será mucho más desafiante debido a la transición demográfica que está experimentando la población colombiana y, en consecuencia, el presente proyecto presentado por el Centro de Pensamiento en Derecho a la Salud pretende indagar, analizar y proponer recomendaciones de política pública que propendan por garantizar los derechos fundamentales a la salud y a la protección económica de los adultos mayores, visibilizando las dificultades que afrontan este sector de población ante los tomadores de decisión, con el objetivo de alinear las políticas de estado en este tema con las estrategias internacionales como la Década del envejecimiento saludable 2020-2030.