Los conflictos internos han contribuido a remodelar el panorama de los derechos de propiedad. Es probable que las poblaciones desplazadas internamente, terminen en la trampa de la pobreza porque sufren pérdidas masivas de activos y terminan careciendo de los recursos necesarios para acceder a oportunidades, como el crédito, en presencia de mercados incompletos. En los países en desarrollo, las instituciones débiles pueden empeorar la situación al tener un registro de derechos de propiedad deficientes lo que puede ser un obstáculo para el uso de los bienes como activos que permitan acceso a mercados formales o servir de colateral para acceder a crédito. A esto, se suma la duración del conflicto ya que el tiempo de duración del despojo puede incrementar el número de sujetos involucrados en una propiedad y la reclamación por la tierra debe considerar a todos los actores involucrados. Las Naciones Unidas recomiendan la restauración de los derechos de propiedad como una política necesaria para poner fin a conflictos duraderos (Principios Pinheiro), que idealmente incluye el regreso al territorio original de los desplazados. Surge el interrogante si ¿restituir la tierra y formalizar los derechos de propiedad puede revertir la situación de desprotección económica de las víctimas y brindar condiciones propias de la tenencia de derechos de propiedad fuertes? La evidencia es escasa para saber el efecto de la restitución. En la ex Yugoslavia se produjeron programas masivos de restitución de tierras, pero el estado del registro de bienes raíces era bueno y el tamaño de la economía rural era insignificante. Por el contrario, en Sudáfrica la calidad de la información era deficiente pero el programa se llevó a cabo principalmente a través de mecanismos de mercado y el alcance real fue limitado. El caso de Colombia que busca restituir la tierra a las víctimas del conflicto armado, además de brindar un proceso de titulación del predio restituido en propiedades rurales y urbanas, es una contribución al análisis de la restitución y a la validación o no de la idea de que los derechos de propiedad fuertes (con título) pueden potenciar la actividad económica de los dueños. Esta propuesta busca dar una respuesta a los efectos de la restitución sobre el acceso a crédito y a proyectos productivos. Se aborda la pregunta utilizando un programa implementado con la Ley 1448 de 2011. A la fecha de presentación de esta propuesta hay algo más de 5972 sentencias de restitución, 384 mil hectáreas restituidas y casi 33 mil beneficiarios. El monto de tierra despojada no está cuantificada de manera exacta. Algunas estimaciones señalan que son alrededor de 1,2 millones de hectáreas (Ibañez et al. 2006). Este proceso representa tanto un reto como una oportunidad histórica para la transformación social del campo, a pesar de los casi 10 años de inicio del proceso (a la fecha, amplió el periodo de restitución que, inicialmente finalizaba en 2021 pero que, con los cambios que se introdujeron, finalizará en 2031). El presente proyecto busca analizar los efectos económicos de la restitución de tierra, en particular sobre la capacidad de potenciar, a través de la restitución de un derecho de propiedad, el acceso a crédito. Esto, desde dos miradas, de un lado si la restitución de tierra otorga garantías económicas para acceder a la banca y crédito formal y si se observa un comportamiento discontinuo con respecto al periodo anterior a ser restituido. Además, se busca analizar si los efectos de acceso a crédito están mediados por las restricciones impuestas por la Ley 1448 de 2011, en particular en lo que hace referencia al tiempo mínimo antes de poder vender los predios restituidos (dos años) y si, hay algún efecto asociado al tipo de banco al que se accede y con la presencia de proyectos productivos asociados a la restitución.