Tras una larga historia de conflictos agrarios en Colombia, el artículo 64 de la Constitución Política de 1991 formuló el derecho de acceso progresivo a la propiedad de la tierra en favor de los trabajadores agrarios, con el propósito inicial de mejorar el ingreso y la calidad de vida de los campesinos. Sin embargo, a partir del análisis del desarrollo legislativo y jurisprudencial de este postulado constitucional, de las dinámicas propias del conflicto armado y de la implementación de políticas de corte extractivista que pretenden anclar la producción nacional a las demandas de los mercados internacionales, es posible observar una diversificación tanto de los sujetos como de los objetivos, procedimientos y mecanismos de acceso a tierras a lo largo de las últimas tres décadas. De manera que en la actualidad tenemos diferentes estrategias institucionales y múltiples visiones sobre el territorio que buscan un lugar protagónico en el modelo de desarrollo rural que permanece en pugna, conformando así un intrincado panorama de políticas, planes y programas que se sobreponen sin lograr articularse en la práctica, ni reconocer la diversidad socioeconómica, cultural y ecológica de cada territorio. Teniendo en cuenta lo anterior, el presente proyecto se centra en el estudio de caso del municipio de Puerto López (Meta) que constituye uno de tantos escenarios rurales en donde podemos apreciar esta problemática en toda su magnitud y alcance, pues se ha constituido la primera Zona de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social mediante Decreto 1396 de 2018 con el fin de impulsar el desarrollo de proyectos productivos agroindustriales de gran escala en la altillanura, sin considerar, evaluar, mitigar y manejar adecuadamente los posibles riesgos que conlleva esta iniciativa pare el desarrollo de otras estrategias de acceso a tierras que concurren en el municipio como las políticas de titulación de baldíos en favor de campesinos y campesinas, las políticas de restitución de tierras a víctimas de desplazamiento forzado, las políticas de protección ambiental de ecosistemas de importancia estratégica y las políticas de titulación colectiva en favor de comunidades indígenas debido a solicitudes de ampliación de los resguardos existentes que se encuentran en trámite.