La alianza propuesta entre los grupos Derecho y Política Ambiental (PODEA) de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales junto con Agricultura, Ambiente y Sociedad (AGRAS) de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, y el grupo nación, región y relaciones internacionales en el caribe y américa latina de la sede Caribe, busca construir una agenda de investigación sobre las tensiones y disputas en torno a la introducción de cultivos y alimentos transgénicos y sus impactos en la seguridad y la soberanía alimentaria en tres territorios: 1) el área de influencia del Distrito de Riego El Triángulo del Tolima (DRTT); 2) poblaciones reasentadas en el área de influencia del proyecto hidroeléctrico El Quimbo en el Huila; y 3) el territorio marino e insular de San Andrés y Providencia. Las preguntas que guían esta investigación son: ¿Cuáles son los motivos de los pequeños agricultores para resistir o adoptar paquetes tecnológicos asociados a variedades transgénicas?, ¿Cuáles son las consecuencias del cultivo de variedades transgénicas sobre las economías campesinas e indígenas del Huila y el Tolima? ¿Cuáles son los impactos del consumo de alimentos transgénicos sobre los hábitos y tradiciones alimentarias del pueblo raizal de San Andrés y Providencia?, ¿Cómo las comunidades preservan los cultivos y saberes asociados- que garantizan su seguridad y soberanía alimentaria y cuáles son sus amenazas? En el caso del Distrito de Riego del Triangulo del Tolima, las comunidades indígenas y campesinas que habitan su área, están siendo poco a poco obligadas a convertir sus sistemas productivos tradicionales en cultivos de algodón y maíz transgénico, además de otros cultivos comerciales, para adaptarse a las demandas del mercado y presionados también por la disponibilidad del agua que antes era limitante y se espera transforme las formas de producir en este territorio del sur del Tolima. En segundo lugar, los reasentados del área de influencia del proyecto hidroeléctrico El Quimbo (construido entre 2011 y 2015), fueron obligados a aceptar por parte de la empresa Emgesa-Enel, planes de reactivación económica. Uno de los cultivos para esa reactivación era maíz transgénico, que necesita de una alta inversión por el precio de las semillas y los abonos, siendo que la empresa realizó las inversiones iniciales para poder alcanzar los indicadores económicos estipulados por los estudios de la empresa (ingresos por tres salarios mínimos). En tercer lugar, la producción agrícola del pueblo raizal del Archipiélago de San Andrés y Providencia está en riesgo por la masiva importación de alimentos; los efectos del cambio climático; los acaparamientos de agua y recursos pesqueros por parte del turismo de resort y la pesca industrial; y la pérdida de áreas de pesca tradicional por el fallo de la Corte Internacional de la Haya en 2012. Este debilitamiento de la agricultura y pesca tradicionales raizales han ido de la mano con la masiva importación de alimentos a las islas. La investigación se centra entonces en los efectos socio-ambientales de la importación de soya y maíz transgénicos y de alimentos ultraprocesados a partir de materias primas transgénicas (aceite de canola, almidón y jarabe de maíz o lecitina de soya) sobre la seguridad y soberanía alimentaria y la biodiversidad agrícola de las islas. Se tiene en cuenta la importación de maíz y soya transgénicos para la alimentación y consumo humano directo y para la alimentación de animales como gallinas, pollos y cerdos (incluyendo los concentrados). En este sentido, se analizará como la expansión del turismo masivo en San Andrés y Providencia impacta la demanda, por un lado, de maíz y soya transgénica importada (y sus alimentos derivados), y por el otro, de ñame, árbol del pan y yuca producidos localmente.