El contexto actual de la rama judicial colombiana plantea dos alternativas para aproximarse al mérito: en primer lugar, la formulación de reformas a la justicia que buscan resolver problemas de corrupción, vinculados a la semicooptación por grupos de interés en los altos cargos y a la ineficiencia a falta de experticia en la administración de justicia, provocados, entre otros factores, por las formas de nombramiento de los magistrados y jueces. Frente a esta situación, desde el gobierno y la opinión pública se plantea la idea de un sistema de nombramiento meritocrático o basado en las calidades de los jueces. En segundo lugar, se ha procedido a la ejecución del eje Carrera Judicial del plan sectorial 2015-2018 de la Rama Judicial, que viene aplicándose por el Consejo Superior de la Judicatura y la Unidad Administrativa de la Carrera judicial, que promueven el acceso, permanencia y el ascenso a los cargos mediante un modelo meritocrático, teniendo como resultado la selección por esta vía de un creciente número de funcionarios y jueces desde 2008. Tal como se ve, desde una dimensión descriptiva y otra prescriptiva, ambas alternativas recogen la idea de mérito como una forma en la estructuración de los cargos. Conceptualmente, el mérito se ha entendido como una forma de estructurar la sociedad y, en particular, las instituciones, con fundamento en las capacidades y calidades de los seres humanos. En ese sentido, conforme a la Ley 270 de 1996, los jueces municipales o de circuito y magistrados de tribunal son seleccionados de la lista de elegibles planteados por el Consejo Superior de la Judicatura, conformada mediante un concurso de méritos, el cual consiste en una “evaluación de conocimientos, destrezas, aptitud, experiencia, idoneidad moral y condiciones de personalidad de los aspirantes a ocupar cargos en la carrera judicial” (art. 164 ley 270/96). Sin embargo, ello no segura per se que el modelo meritocrático haya cumplido con sus propósitos en los cargos provistos por la carrera judicial, por lo que se requiere hacer un balance de dichas convocatorias; del mismo modo, plantear la meritocracia para la elección de los miembros de las altas cortes no implica que la propuesta sea idónea o eficaz. En materia del mérito en la rama judicial, la bibliografía es reducida y no se ocupa en concreto, en el contexto colombiano, de la aplicación de modelos meritocráticos en la selección, permanencia y promoción de los jueces. Por el contrario, es posible encontrar algunos desarrollos que abordan la meritocracia en el empleo público, en general, o respecto de la carrera administrativa, en donde abundan reflexiones teóricas y análisis prácticos sobre la provisión de cargos públicos. Ahora bien, a nivel internacional, la Fundación por el Debido Proceso ha planteado algunos lineamientos a tenerse en cuenta en la selección de magistrados de altas cortes basado en el mérito. Sin embargo, ello deja de lado a los jueces y magistrados de tribunal, y no se enfoca completamente al contexto colombiano.