A la hora de establecer propuestas de intervención en territorio rural el Plan de Desarrollo vigente de la Administración del municipio de Medellín encuentra justificación en un discurso aparentemente incluyente como es habitual en todas las variaciones del urbanismo social desde el 2004, pero la realidad de las intervenciones y planificación con poca participación presentan un problema que concluye en conflictos por el territorio donde el Estado ha sido quien ha optado por implementar de forma unilateral medidas de planeación con insuficientes posibilidades de incidencia comunitaria. La ciudad deberá promover diferentes formas asociativas, orientadas hacia el desarrollo empresarial rural para volverlo una alternativa atractiva para todos los implicados en el desarrollo rural; sobre todo en la medida en que contribuya a la equidad gracias al crecimiento económico generado en los corregimientos en particular, y de la ciudad en general (Plan de Desarrollo Medellín 2016 – 2019). La categoría de desarrollo rural es problemática por cuanto sus enfoques actuales no lo resuelven de forma comunitaria y sus “beneficiarios” son generalmente empobrecidos por los efectos de las intervenciones institucionales (Moisá y Hernández, 2010). El corregimiento de Santa Elena en Medellín (territorio elegido como contexto para nuestra investigación), siendo esencialmente territorio rural, ha sido planeado y modificado por vía de herramientas jurídicas de ordenación del territorio. Los POT desde 1999 (Acuerdo 62 de 1999) han transformado (a través de imaginarios y ficciones jurídicas y normativas que ocultan cualquier soporte empírico y contextual) el territorio de Santa Elena en “suelo de expansión” (igualmente derivado del artículo 34 de la ley 388 de 1997) que le sirve de soporte a los instrumentos de desarrollo de la ciudad con el fin de implementar proyectos de vivienda, extender la actividad turística de la ciudad y generar nuevas dinámicas de explotación de la tierra que no atienden a las apropiaciones de los pobladores del corregimiento excluyendo la posibilidad del valor de uso que le asignan sus habitantes. De esa forma la participación de los habitantes del territorio intervenido es insuficiente y simplemente formal con el fin de promover una sensación y apariencia de consenso que ofrece imágenes de espacios presuntamente renovados y más accesibles para la misma comunidad que los debe soportar. Las intervenciones planeadas desde la ciudad para el territorio rural, especialmente para el caso de Medellín, ofrecen e implementan mecanismos de apropiación del espacio a partir de obras de infraestructura que permitan desarrollar actividades de tipo económicas como el turismo que se diseñan en función de la nueva vocación de la ciudad a partir de lo urbano (una manifestación de esto es la utilización mercantilista de las Declaratorias de Patrimonio Inmaterial y Bienes de Interés Cultural que existen sobre prácticas y espacios en el corregimiento - Vélez, 2016); generación de nuevos espacios públicos que le permitan a propios y extraños del territorio “consumir” dichos lugares sin reconocer de forma consciente que no existe representaciones políticas o valoraciones del territorio en el que se encuentran. Existe entonces una disincronía espacial generada por el modelo de planificación del territorio y el desarrollo socioeconómico que viene implementando la ciudad de Medellín desde hace más de 15 años y el propósito de expandir dicho modelo al territorio rural sin la participación de sus moradores y que desconoce la valoración política y patrimonial del territorio que le asignan los habitantes de Santa Elena. La propuesta surge a partir de las posibilidades y las alternativas para plantear nuevas formas de generación de modelos o instrumentos de desarrollo territorial a partir de la iniciativa de la misma comunidad que pueda servir, entre otros asuntos, para proponer a la institución las formas de intervenir el territorio.