Aproximadamente una tercera parte del territorio continental colombiano corresponde a territorios colectivos de comunidades étnicas. Según el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), con datos consolidados a 2009, los resguardos indígenas cubrían 31,5 millones de hectáreas, en tanto que los territorios colectivos de comunidades negras abarcaban otros 5 millones de hectáreas. Este amplio territorio, en términos absolutos mostraría a las comunidades étnicas como grandes propietarios, e inclusive podrían ser señalados de manera errónea como responsables de la alta concentración de la tierra en el país. Sin embargo, es preciso señalar que la mayor parte de esta área traslapa con otras figuras de ordenamiento territorial y ambiental, en particular con figuras jurídicas que corresponden a la categoría de áreas protegidas, en particular Zonas de Reserva Forestal (ZRF) y Parques Nacionales Naturales (PNN). Es decir, son territorios con serias limitaciones en vocación y uso agropecuario, lo cual restringe las capacidades de producción para autoconsumo y pervivencia de estas comunidades. Tal característica de la distribución espacial de los territorios colectivos de comunidades étnicas, configura sus demandas de acceso y titulación, saneamiento, reestructuración y ampliación. Estas demandas en los últimos años han estado enmarcadas en acciones por la vía institucional (acciones jurídicas, protesta pacífica, propuestas de reforma legal, etc.), y también mediante vías de hecho, tales como ocupaciones a propiedades públicas y privadas, cierres viales, entre otros. Esta configuración particular del ordenamiento territorial colombiano, puede tornarse más compleja en los próximos años, por varios factores interrelacionados, los cuales generarán una potencial presión sobre el uso y vocación del uso del suelo, particularmente en los límites de la frontera agraria. La investigación pretende analizar cuatro factores principales de esta potencial presión: 1. El aumento de la demanda por tierra por parte de empresarios en la frontera agraria, en uso de figuras con influencia en el ordenamiento territorial como las Zonas de Interés de Desarrollo Rural Económico y Social (ZIDRES) y los Proyectos de Interés Nacional y Estratégico (PINES); 2. Una mayor demanda por tierras para la materialización del posacuerdo, en particular para la constitución del banco de tierras; 3. Aumento de la demanda por tierras por parte de las comunidades étnicas en razón a mudanzas demográficas (potencial aumento de la natalidad y disminución de la mortalidad) generadas por la disminución de la violencia fenómenos vinculados como el desplazamiento forzado; y 4. La necesidad de ampliación y recuperación de áreas protegidas por parte del Estado colombiano, con el fin de cumplir sus compromisos internacionales en materia de cambio climático.