Durante las últimas décadas, el número de personas susceptibles de sufrir enfermedad fúngica invasiva (EFI) ha aumentado, como resultado de los avances en la medicina que han llevado a incrementar la expectativa de vida pacientes infectados con VIH y hacer más asequible procedimientos como el trasplante de órganos y médula ósea y también el crecimiento poblacional que ha incidido en la ocurrencia de un mayor número de nacimientos prematuros y enfermedades como el cáncer y otras que comprometen el sistema inmune [10, 11]. Estos factores se suman al acelerado deterioro ambiental, condiciones climáticas extremas y acceso limitado al sistema de salud. El diagnóstico y tratamiento de la EFI es en muchos casos difícil debido a la poca especificidad de la sintomatología y a que la identificación de los patógenos que la ocasionan es aún más compleja, principalmente en centros hospitalarios en los cuales no se dispone de los recursos tecnológicos ni el personal entrenado para tal fin; siendo necesario recurrir a terapias empíricas, lo que implica el uso de medicamentos antifúngicos de amplio espectro[12]. Entre los medicamentos que actualmente se utilizan para tratar estas enfermedades, el Fungizone® que es una dispersión coloidal de anfotericina B (AmB) empleando desoxicolato de sodio como surfactante, es considerada el estándar de oro [13-15], dada su alta eficacia, amplio espectro de acción y un número bajo de reportes de cepas resistentes. Sin embargo, su toxicidad es una característica indeseada que afecta grandemente a los pacientes tratados. Según un estudio realizado por Wingard y colaboradores, la probabilidad que los pacientes a los que se le ha administrado este medicamento sufran daño renal puede ascender al 70%[16], incrementando notoriamente la tasa de mortalidad y el costo de los tratamientos[17]. Con el desarrollo de formulaciones liposomales entre las que se encuentra el Ambisome ®, se ha logrado atenuar la toxicidad de la AmB; sin embargo, su mayor costo y requerimiento de dosis más altas resulta desventajoso [18-20]. De acuerdo con un estudio comparativo de diferentes tratamientos antimicóticos en Colombia, se estimó que en el 2012 el costo de un tratamiento empleando Fungizone® podría ascender a los 16 millones de pesos, mientras que cuando se empleaba una formulación liposomal este podría ser cercano a los 46 millones de pesos [21], lo que restringe su acceso, especialmente en países de bajos ingresos per cápita. Actualmente, se dispone de antifúngicos de menor toxicidad como los azoles y las equinocandinas; aunque con espectros reducidos, lo que hace necesario en escenarios ideales, una identificación del patógeno previa a su administración, lo cual es muy difícil en la realidad [22, 23]; adicionalmente, la mayoría de estos fármacos, poseen efectos secundarios negativos para el paciente, siendo su uso racional y óptimo es una necesidad [24]. Por tal razón, el desarrollo de formulaciones antifúngicas de amplio espectro, baja toxicidad y posibilidades mínimas de generar resistencia es un imperativo en el abordaje terapéutico de pacientes profundamente enfermos, que adicionalmente cursan con una EFI, como alternativa al Fungizone®, el cual pese a su toxicidad, es actualmente empleado en Colombia como antimicótico de primera línea y sólo cuando el médico tratante justifica debidamente en base a los efectos adversos en el paciente, las empresas prestadoras de salud, asumen los costos de las formulaciones liposomales. Al costo y a los riesgos inherentes a los medicamentos basados en AmB, se suma que son de administración parenteral, lo que implica que los pacientes sean hospitalizados por períodos largos, incrementado el costo de los tratamientos, así como la probabilidad que se presenten efectos colaterales asociados al tipo de administración y al contacto con patógenos intrahospitalarios.