El proceso de urbanización continúa impulsando el crecimiento de los asentamientos informales en terrenos expuestos a amenazas, aumentando el riesgo particularmente entre las poblaciones de bajos ingresos, y planteando la necesidad de mejorar la capacidad de recuperación de dichas comunidades. Alrededor de una cuarta parte de la población urbana del mundo vive en barrios pobres, y se espera que el número absoluto de habitantes de asentamientos informales y tugurios crecerá considerablemente en las próximas dos décadas (Hábitat III Papel Temático 22). A menudo, debido a su ubicación, estos asentamientos son altamente vulnerables a los efectos adversos de los entornos pobres y expuestos, del cambio climático y de los desastres naturales. En particular, muchos de los asentamientos informales crecen en laderas empinadas y en quebradas - propensas respectivamente a deslizamientos de tierra e inundaciones - a menudo porque se trata de zonas que los desarrollos formales no ocupan (inicialmente), y cada vez más porque la tierra menos peligrosa en el área urbana ya ha sido edificada. Los asentamientos informales ubicados en laderas extremadamente empinadas son cada vez más comunes en toda América Latina, el sudeste de Asia y otras partes del mundo con una amplia topografía montañosa. Se predice que la vulnerabilidad debido a su ubicación en las laderas se acelerará, y con ello también el riesgo de muertes relacionadas con deslizamientos de tierra, que son una de las principales causas de muertes en los asentamientos informales en los países de bajos ingresos. Existe un creciente reconocimiento de la importancia de la gestión del riesgo como alternativa (o además de) la gestión de desastres. Entre los enfoques para reducir la vulnerabilidad y mejorar la capacidad de resiliencia a deslizamientos se incluyen los planes territoriales, las buenas prácticas de construcción, sistemas de alerta temprana, la preparación de la comunidad y las campañas de concienciación, medidas para poner en común y trasferir el riesgo, y las barreras de protección física (Nadim y Lacasse 2008). En los países de bajos y medianos ingresos, a menudo resulta difícil poner en práctica tales medidas, no sólo debido a los recursos que se requieren, sino también debido a los complejos procesos sociales, económicos, políticos e institucionales en torno al establecimiento y la gestión de los asentamientos informales. Las soluciones técnicas son, por tanto, sólo una parte de la solución, habiendo otros factores que a menudo son mucho más difíciles de resolver. Las cuestiones clave que inciden en la capacidad de gestionar el riesgo incluyen, entre otros, las diferencias en la percepción de riesgo entre los diferentes grupos de interés (desde la comunidad hasta el Estado), la falta de oportunidades de interactuación entre los diferentes tipos de conocimiento (informales e informales, técnicos y sociales, etc.) en la definición del riesgo y la identificación de las estrategias de reducción del riesgo, la falta de recursos, y las diferencias en las agendas de las partes interesadas y los equilibrios de poder. Un ejemplo es Medellín, Colombia, una ciudad que ha recibido muchos elogios por las intervenciones de diseño urbano en zonas de bajos ingresos que han acompañado su transformación de capital del asesinato a “ciudad más innovadora” del mundo, pero que sigue siendo testigo del crecimiento de asentamientos informales por las laderas empinadas y el aumento de la vulnerabilidad y el riesgo. La amenaza planteada por este tipo de prácticas informales de desarrollo a sus propios habitantes se hizo evidente en 1987, cuando en un deslizamiento de tierra fallecieron más de 500 personas en Villatina, un barrio pobre dentro de Medellín Comuna 8, hecho que contribuyó sustancialmente a la cantidad total estimada de 784 residentes de bajos ingresos que han muerto debido a deslizamientos en Medellín en los últimos 80 años (URBAM y Harvard Escuela de Diseño 2012).