A pesar que la restitución de tierras era una materia reglada por la ley 1148 del 2011. Aprobada antes de la iniciación de conversaciones en la Habana, el marco jurídico se integra de nuevas herramientas jurídicas, una perspectiva de estado del agro y nuevas instituciones que persiguen su desarrollo. Lo anterior en la medida que no es desconocido que el agro, la repartición de las tierras y su desarrollo ha sido una de las bandeas de la lucha armada en Colombia, y uno de los puntos de mayor debate y desarrollo. De forma que el aspecto de la adjudicación y restitución de tierras despojadas con ocasión del conflicto armado, los desplazamientos y las luchas opresiones y amenazas de actores ilegales, es el primer aspecto a estudiar, con el objetivo de adelantarnos a todo el desarrollo agrario que tendrá el país en escenarios de posconflicto, máxime cuando el país tiene una de las geografías y recursos más ricos, variados y de mayor potencial, para la soberanía alimentar del país y como recurso de progreso, riqueza competitividad, además de ser un camino d prosperidad para el campesinado y sectores rezagados, que deben ejercer una actividad económica fructífera par ano repetir los errores del pasado. La contextualización de esta reforma agraria y de adjudicación tiene vieja data, primero la función de restitución, de forma precaria la cumplía el instituto INCORA, en virtud de la adquisición negociada de tierras. En el evento de que se firme la paz, que es el resultado más probable de acuerdo con los acontecimientos de voluntariedad de la sociedad Colombiana y del Estado y Guerrilla, se generaría, un Fondo de Tierras, un fuero que tendrá el objetivo de restituir tierras y otorgar a quien no tiene o no tiene suficiente de tierras. Este se fondo de nutre de 2 millones de Hectáreas despojadas al Estado, opr cuenta de tierras baldías que le han sido robadas y que recuperará por cuenta de procesos administrativos y judiciales, además de 500.000 hectáreas que han sido incautadas al narcotráfico que irán a parar a dicho fundo, junto con los demás territorios donados y recuperados a actores ilegales, segundos ocupantes etc. Esta reforma integral y creación de este nuevo Fondo, dará lugar a una nueva institución administrativa y extinguirá a la antigua INCODER, que se espera estén en total funcionamiento, con autonomía presupuestal, marco normativo de funcionamiento, infraestructura y recursos en dos años. De manera que hasta el momento en que se profieran las leyes pertinentes y las refrendaciones de los acuerdos que tendrán nociones generales que deberán ser reglamentadas en plenitud, el estudio de restitución de tierras a partir de la Ley 1448 del 2011, será fundamental como antesala del posconflicto y en donde desde luego se presentan os problemas mediatos más importantes antes de la implementación de políticas productivas en el país. La mencionada Ley crea un proceso, jurisdicción, principios y fuerza ejecutoria a la restitución de tierras, de suerte que los terceros intervinientes, reclamantes de mejores derechos, segundos ocupantes el reclamante, encontrarán en un proceso, ciertamente inquisitivo, en donde el juez desarrollará un papel activo entre las partes para el ejercicio de sus derechos agrarios y sobre la tierra, de suerte que además se ha delimitado la discusión a despojos y solicitudes de restitución que daten desde 1991. De suerte que este estudio pretende dar cuenta de los principales problemas de la restitución de tierras y su integración con las normas resultantes de los acuerdos de la Habana, de suerte que cobije los conflictos actuales, los contextualice en escenarios de posconflicto y de mecanismos