--El Grupo de Investigación en Derechos Colectivos y Ambientales (GIDCA) mediante la estructuración de este segundo semillero investigativo, pretende continuar con la investigación de los conflictos ambientales presentes en la polifacética región del Catatumbo colombiano. El escenario específico de la investigación será nuevamente el municipio de Tibú Norte de Santander pero bajo un enfoque distinto en razón de la modificación del objeto de estudio, el cual lo conforman ahora los conflictos ambientales redistributivos que puedan ser causados como consecuencia de la expansión de la explotación minera en esa zona. Experimentando el punto más álgido de un continuo esfuerzo institucional tendiente a impulsar el desarrollo y reproducción del modelo económico que impone el gobierno, el municipio de Tibú no solo se ha visto expuesto a las consecuencias de la agricultura extensiva sino que además enfrenta el desarrollo de la minería a gran escala, principalmente mediante la explotación carbonífera, de acuerdo a las recetas económicas que el gobierno nacional ha venido imponiendo para la población y el territorio campesino Colombiano, las cuales redundan en ubicar al país en el escenario global como una dispensa de materias primas para los actores preponderantes de la actividad económica mundial. Por lo anterior, la determinación temporal sobre la cual se desarrollará la investigación abarca desde el año 2012 al 2015. Estos modos de producción nacional impactan a su vez los modos de producción y modos de vida locales y consecuentemente las relaciones sociales, económicas y ambientales. Por medio del estudio de caso propuesto, se busca identificar los conflictos ambientales redistributivos que esta condición de explotación genera en la zona y las consecuencias que lo anterior tiene para los sujetos de derechos humanos y no humanos. En consecuencia, se pretende determinar no solo la existencia de la afectación a estos derechos sino además se busca, por medio del uso de elementos y herramientas conceptuales transdisciplinares, estructurar y proponer una ruta jurídica para la exigibilidad y protección de los derechos que se ven afectados a causa de este síntoma del actual modelo de progreso y “desarrollo económico”.