Desde mediados de la década de los años noventa, lo que ha sido definido como el conflicto armado en Colombia adquirió una nueva dinámica en el departamento de Caldas –y en el conjunto de la región- en el marco de las transformaciones socio económicas detonadas por la crisis cafetera. Durante más de tres lustros, grupos guerrilleros y paramilitares desataron una confrontación por el dominio territorial que arrojó alrededor de cien mil víctimas en el departamento de Caldas. En materia de violaciones a los Derechos Humanos, el conflicto armado dejó pueblos abandonados, desplazamientos forzados, así como transformaciones ambientales y económicas ligadas a la presencia de cultivos de uso ilícito. La conflictividad en la región cafetera, a juicio de Rettberg (2012), está ligada a la pobreza de las familias campesinas y al debilitamiento de las instituciones que por casi un siglo habían sustentado el desarrollo social y económico: “La pobreza y el debilitamiento de la Federación [Nacional de Cafeteros] dejaron un vacío institucional que abrió ventanas de oportunidad para la penetración de las estratégicas tierras cafeteras por parte de grupos armados ilegales” (p. 86). Pensado el proceso social en términos de paz imperfecta, se puede afirmar que en el mismo tiempo y escenario de las violencias emergieron iniciativas y prácticas de paz por parte de organizaciones sociales, instituciones y comunidades con las cuales se pusieron en evidencia distintas capacidades pacifistas aun en medio de las violencias directas; se trata de un repertorio amplio de experiencias de construcción de paz basadas la cooperación, la gestión sociocultural, la solidaridad, el diálogo y la mediación, entre otros (López , 2013). Una década después, en un escenario nacional de diálogos políticos para la paz entre la insurgencia armada y el gobierno nacional, aún se encuentran en el territorio conflictos sociales, económicos, ambientales y políticos ligados a los impactos de la confrontación armada (se trata de cuestiones centrales como la reparación a la víctimas, el retorno y la restitución de tierras). Estos procesos centran buena parte de la atención institucional y de la agenda de investigación social en las universidades regionales. La propuesta de investigación que aquí se presenta, se orienta a estudiar e intervenir experiencias sociales y artísticas que, en un proceso de co-creación, logran transformar positivamente los conflictos, y de las cuales es posible derivar múltiples lecciones para el diseño y la formulación de políticas públicas.