Debido a la falta de recursos los países de América Latina y el Caribe han tenido que recurrir al a financiación privada para poder desafiar los retos que le impone el desarrollo. Esto deriva en proyectos o mega proyectos que tienen altos impactos ambientales negativos principalmente sobre las comunidades locales. Considerando esto los derechos de acceso a la información y participación ambiental se tornan en herramientas indispensables para asegurar la transparencia y legitimación de las políticas públicas así como para asegurar la democracia. El caso de análisis "Túnel de Oriente" en Antioquia es un ejemplo de la problemática, la aprobación ambiental de este proyecto ha sufrido un complejo y largo conflicto socio ambiental por los impactos ambientales, por el mal manejo de la información y participación, como así también por la innecesariedad del mismo según han alegado la comunidad local y académica.