La emergencia de movimientos sociales y políticos que demandan la construcción de naciones que reconozcan la diversidad étnica y cultural en su interior, ha obligado a que se cuestionen las lógicas tradicionales de los Estado-nación latinoamericanos y se definan nuevos procesos de democratización (Velasco, 2011). De esta manera, la incursión política de culturas que establecen identidades que les permiten autodeterminarse como pueblos, obligan a los Estados a reconocer su dignidad a través de derechos étnicamente diferenciados, y de mecanismos de participación apropiados para su respeto (Álvarez et al, 2009). Por ello, a pesar de que este tipo de naciones se configuran como sociedades complejas, en donde el proyecto de homogeneización es reemplazado por relaciones basadas en tensiones, enfrentamientos y oposiciones, han sido muchas las estrategias establecidas en América Latina para definir mecanismos de (con)vivencia entre las distintas formas de vida, especialmente cuando se suscitan diferencias entre la cultura hegemónica y aquellas de pueblos con una identidad cultural diferente (Velasco, 2011). Precisamente, la institución internacional de la Jurisdicción Especial Indígena (JEI), como forma de reconocer la aplicación de los sistemas de justicia propia indígena, se presenta hoy en día como un mecanismo con el potencial para fortalecer este tipo democracias, a partir de la construcción de puentes de diálogo interculturales en torno a la noción de justicia. El caso colombiano es un claro ejemplo en cuanto a la apropiación y materialización de este mecanismo por parte de los pueblos indígenas, que resulta bastante interesante (Ariza, 2004). Sin embargo, algunos acercamientos sobre su desarrollo en Colombia han arrojado conclusiones sobre sus limitaciones, lo que ha fracturado su potencial democrático (Carrillo, 2014; González, 2007; Bacca, 2010). Por ello, para poder analizar objetivamente a la joven pero a la vez prometedora institución de JEI, es necesario hacer un ejercicio comparativo en la región latinoamericana, que permita comprender cómo han sido llevados estos procesos en otros países y cuáles han sido sus fortalezas y debilidades, en contraste con el caso colombiano - específicamente en México, Perú y Chile-. De esta forma, será posible caracterizar de una manera más imparcial no solo la JEI colombiana, sino también las experiencias de otros Estados, enriqueciendo así el debate, e identificando en la praxis su capacidad democrática en la región. Todo lo anterior, esto es, la condensación de información de las experiencias en cuanto a JEI en Colombia, México, Perú y Chile, será analizado en el contexto del principal derecho de los pueblos, a saber: el derecho de autodeterminación, pues es precisamente este el tema de la JEI que presenta más debates, en punto a cuál es la noción de justicia que debe prevalecer al interior de las naciones y, en consecuencia, cuáles deberían ser los canales democráticos de estas para lograr consensos que respeten la dignidad de los pueblos. La investigación parte de la pregunta: ¿el ejercicio de Jurisdicción Especial Indígena en Colombia, México y Perú y Chile permite identificar estrategias para fortalecer las democracias de las naciones diversas étnica y culturalmente de América Latina? Para poder dar cuenta de ello, el semillero de investigación aquí propuesto tiene el objetivo de articular esta investigación con el plan de trabajo interdisciplinario formulado por el Grupo Copal para el período 2014-15 (Una apuesta interdisciplinaria por la construcción de democracias en América Latina, a partir de Epistemologías del Sur y la Interculturalidad), abriendo un espacio para que los estudiantes de pregrado, interesados en la temática, participen activamente en esta construcción, a la par de profundizar y cualificar sus herramientas investigativas y promover el diálogo académico con investigadores de posgrado y docentes que trabajan sobre la materia.