El presente proyecto, constituye una nueva oportunidad para enriquecer el trabajo investigativo que he venido desarrollando para mi tesis de maestría, en el cual he querido abordar el tema de la memoria, particularmente en lo que tiene que ver con la primera experiencia de justicia transicional en Colombia, iniciada a partir de la Ley 975 de 2005. La memoria ha sido un tema tan atrayente (Erll, 2012, p. 1) que ha venido siendo estudiada desde hace siglos, ejemplo de ello encontramos a Platón y Aristóteles, así como diversas áreas entre las cuales se cuentan la medicina, la psicología, la filosofía, la antropología y la historia entre otras (v.gr. Ricoeur, 2012; Jelin, 2002; Candau, 2002; Halbwachs, 2004; Erll, 2012). Frente a este panorama, debemos reconocer que el ingreso al tema por parte del campo jurídico ha sido más bien reciente (Antequera, 2007, p. 70), razón por la cual es importante incentivar estudios y discusiones sobre el mismo en aras de disminuir su desconocimiento e incidir en su correcto empleo a partir del reconocimiento de los límites y posibilidades del campo. El interés por parte del derecho en el tema de la memoria se ha hecho visible en épocas salientes de conflictos armados, con miras hacia la consolidación de democracias generalmente. En el caso colombiano, el proceso de justicia y paz surge como producto de una negociación entre el gobierno de turno de Uribe y los grupos paramilitares (CNMH, 2012, p.91) y debe ser visto, no solo como un proceso penal cuya finalidad sea establecer responsabilidades por graves delitos, sino también como un espacio de construcción de memoria sobre la violencia del pasado. Con esto se persigue la idea de gestión de un cambio profundo nacional, con el “debilitamiento de una tradición de olvido de la atrocidad y de invisibilización de las víctimas, y de sustitución de la misma por una tradición de recuerdo de la atrocidad bajo premisas de visibilización y privilegio del punto de vista de las víctimas”, lo cual constituye uno de los objetivos, y si se quiere reclamos, que la sociedad impone al aparato judicial (p. 20, 21). El Grupo de Memoria Histórica (2012) ha recordado, que este proceso especial tiene unas tareas particulares en el dominio de la memoria y bajo el quinto Principio de Chicago para la Justicia Transicional, el Estado se encuentra obligado a “educar a la sociedad con respecto a la violencia política pasada y preservar la memoria histórica” (p. 22), lo cual se traduce en el objetivo de que la violencia pasada no se vuelva a repetir, tal como lo recoge la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su Informe N° 37/00 del 13 de abril de 2000 (caso N° 11.481), Romero contra El Salvador: “El derecho de una sociedad a conocer íntegramente su pasado no sólo se erige como un modo de reparación y esclarecimiento de los hechos ocurridos, sino que tiene el objeto de prevenir futuras violaciones” (citado en CSJ, Rad. 32.022). La especial condición, de que el proceso colombiano sea en realidad un proceso de “justicia transicional sin transición… [un] proceso de justicia transicional en un contexto de guerra” (Uprimny et al., 2006, p. 13-14; 41-42), conduce a pensar que en este marco es probable que se presenten nuevos intentos transicionales y discusiones anteriores sean retomadas, como si fuese un ciclo que se repite. Esto parece que puede ocurrir con un alto grado de probabilidad teniendo en cuenta las actuales negociaciones que se adelantan en La Habana, con miras hacia un nuevo Marco Jurídico para la Paz, Acto Legislativo 01 de 2012, motivo por el cual resulta importante el aprendizaje sobre los errores y aciertos que ha tenido el actual proceso transicional junto con sus normas complementarias, en términos de la obligación de memoria. Además, porque empieza a cobrar mayor fuerza el interés por educar la sociedad colombiana sobre su pasado violento, lo cual podemos evidenciar a partir de la Ley 1732 de 2014, “Por la cual se establece la cátedra de la paz