Los actuales diálogos entre un sector de la insurgencia y el Gobierno colombiano, así como las dinámicas populares de construcción de paz con justicia social que están gestándose en escenarios regionales y locales, han abierto nuevamente el debate nacional a propósito de cuatro asuntos de especial importancia para la resolución de la situación de conflicto social-armado y las violencias persistentes en la trayectoria histórica del país, a saber: i) las condiciones para una solución negociada; ii) la suscripción de un acuerdo entre todos los sectores involucrados en el conflicto (incluyendo sus posibles mecanismos de refrendación); iii) el posible inicio de un nuevo ciclo de conflictividades canalizados y tramitados a través de los marcos que proporciona la política, especialmente ante la emergencia de un escenario de post-acuerdo; y iv) las oportunidades para avanzar decididamente hacia las transformaciones económicas, políticas, sociales y culturales que requiere el país para democratizar la sociedad, construir una nueva cultura política basada en principios de paz, reorganizar el régimen político y redefinir el funesto modelo económico, todo con el fin de superar la histórica situación de exclusión y desigualdad, el despojo territorial, el desplazamiento forzado y las raíces de la violencia estatal/paramilitar que, en conjunto, hacen parte de las causas del conflicto. Las contradicciones a propósito de los mecanismos para validar y materializar los posibles acuerdos abren una importante veta para el análisis político. La perspectiva oficial del gobierno de Juan Manuel Santos claramente es sesgada y restringida en cuanto a sus alcances por una lectura equivocada de la situación militar de su contraparte insurgente. De ahí que el asunto relacionado con la refrendación, así como los marcos jurídico-políticos que le son consustanciales, hasta el momento se hayan limitado a la gestión y el trámite legislativo de una serie de reformas. En el balance gubernamental, incluso la trayectoria del proceso de paz se habría asegurado mediante la aprobación de la Ley de víctimas y de restitución de tierras y el marco jurídico para la paz (orientado -en buena medida- por los principios de la denominada «justicia transicional»).