La Corte Constitucional mediante la sentencia T 153 de 1998 declaró el estado de cosas inconstitucional en las prisiones colombianas, por cuanto al interior de los centros de reclusión se presenta una violación sistemática de los derechos fundamentales de los internos provocada principalmente por el hacinamiento carcelario. Por esta razón la Corte Constitucional ordenó a varias instituciones mejorar las condiciones materiales de reclusión a través de la adecuación y construcción de nuevas cárceles. En consecuencia, para solucionar dicha problemática el Gobierno Nacional elaboró la Política Pública de Expansión de la Capacidad de Cupos de Reclusión para la Consecuente Reducción del Hacinamiento Penitenciario y Carcelario señalada en los Documentos CONPES 3277 de Marzo de 2004 y 3412 de Marzo de 2006. Esta política pública está destinada a aumentar la oferta nacional de cupos penitenciarios y carcelarios a través de la adecuación de antiguos centros de reclusión y la construcción de nuevos complejos penitenciarios. Así pues, la estrategia formuló dos planes para generar 24.331 cupos, el primero de ampliación, adecuación y dotación (AAD) de los establecimientos de reclusión existentes para crear 3.131 cupos, y el segundo de construcción, dotación y mantenimiento (CDM) de establecimientos de reclusión y complejos penitenciarios y carcelarios para crear 21.200 cupos. No obstante, contrario a lo esperado, la Política Pública de Expansión de la Capacidad de Cupos de Reclusión para Consecuente Reducción del Hacinamiento Penitenciario y Carcelario ha sido un fracaso, cuestión que se evidencia en el aumento del porcentaje de hacinamiento en los últimos años que para el año 2014 asciende al 57,3%. Este fracaso sucedió porque la sobrepoblación en las prisiones no obedece a su deficiencia estructural sino a la expansión del sistema penal a través de la creación de tipos penales, el aumento de penas, la reducción de beneficios y la eliminación de garantías que conllevan al incremento sostenido de la demanda de cupos y por ende al mantenimiento del estado de cosas inconstitucional en las prisiones del país. Por esta razón, es necesario el análisis de esta situación desde una nueva perspectiva criminológica acorde con el Estado Social y Democrático de Derecho con fundamento en la Constitucional nacional y el bloque de constitucionalidad que procure la aplicación del Derecho Penal Mínimo y el garantismo penal destinada a disminuir la demanda de cupos a través de la reducción del derecho penal y en consecuencia disminuya la población carcelaria y garantice los derechos humanos de las personas privadas de la libertad. En este proyecto se vincularán las siguientes instituciones: Corporación Universitaria de la Costa CUC, Corporación Universitaria del Caribe CECAR, Unisabaneta, Universidad Republicana y Universidad Santo Tomas de Tunja. Las cuales han manifestado su intencion de conformar una red nacional que permita incidir en las reformas del sistema penitenciario y carcelario que realice el Estado colombiano.