Desde 1990 hasta abril de 2013, en el territorio colombiano se registraron 10.309 víctimas de minas antipersonal (MAP), municiones abandonadas sin estallar (MUSE) y artefactos explosivos improvisados (AEI). Entre ellas, el 40% corresponde a población civil que, al habitar el territorio rural, se caracteriza por estar expuesta a condiciones preexistentes de pobreza, exclusión social y marginación (PAICMA, 2008). La generación de condiciones para garantizar el goce efectivo de derechos y “la incorporación [de las víctimas] a la vida social, económica y política” del país (Colombia, 2012: 50), le ha representado importantes dificultades al Estado colombiano: “las víctimas no acceden de manera oportuna y completa a los servicios estipulados por la ley para su asistencia integral, la oferta actual de las organizaciones estatales, no estatales y públicas no se encuentra integrada con sus necesidades y los aspectos psicosociales y de inclusión socioeconómica de la asistencia no están plenamente desarrollados e implementados” (PAICMA, 2008: 6). Como respuesta a estas dificultades, desde el año 2011 en el marco de la Ley 1448, o Ley de víctimas y de restitución de tierras, se ha incorporado la categoría de "enfoque diferencial" como eje transversal en el proceso de construcción de medidas de reparación, rehabilitación e inclusión socioeconómica de las víctimas del conflicto armado. Esta investigación busca comprender, con el fin de informar procesos de toma de decisión pública, cómo se reconstruye la cotidianidad de una población étnicamente diferenciada que ha sido lesionada por minas antipersonal en el marco de un conflicto armado que refuerza la posición marginada de la misma. El escenario geográfico en el que se desarrolla la investigación es el municipio de Tumaco en el Departamento de Nariño. Según el Programa Presidencial para la Acción Integral contra Minas Antipersonal (PAICMA), en el 2011 Tumaco concentró el 50% de la totalidad de los casos de lesionados por campos minados en el Departamento de Nariño. Desde el 2005, año en el que se empezaron a registrar las primeras víctimas en el municipio, hasta marzo de 2012, se ha presentado un total de cincuenta y siete casos, en su mayoría correspondientes a los indígenas del pueblo Awa (Secretaría de Gobierno del Municipio de Tumaco). Desde una perspectiva étnica, en este trabajo se plantean como objetivos los siguientes: comprender la experiencia de sufrimiento social de las víctimas del pueblo indígena Awa y las constricciones históricas y estructurales a las que se enfrentan; identificar las acciones organizativas y estatales que intervienen en su cotidianidad; y por último, conocer las prácticas que son configuradas por ellas. Epistemológicamente, esta investigación se sitúa dentro del paradigma postestructuralista acogiendo como referentes conceptuales los postulados de Marshall Sahlins, Pierre Bourdieu y Judith Butler. Dentro de este marco se articula una antropología sensible al fenómeno de la violencia, la antropología del sufrimiento social y la antropología del cuerpo. La estrategia metodológica para responder a los objetivos planteados es la etnografía. Como aspectos de observación se consideran: el acontecimiento o evento crítico, el cuerpo (psíquico, como existencia encarnada y político) y la cotidianidad (el repertorio de acciones posibles disponibles para los actores sociales). De esta manera, este estudio busca contribuir con una antropología del daño.