Los arrecifes de coral constituyen ecosistemas únicos y altamente valiosos pues proveen una amplia variedad de bienes y servicios para la sociedad, son especialmente relevantes debido a que constituyen la principal fuente de alimento e ingreso para las comunidades más pobres ubicadas en las costas de los países en desarrollo. Los daños en los ambientes marinos y costeros han sido bien documentados, en los que no solo se encuentran los impactos directos e indirectos del cambio climático, sino además de la sobrepesca y la contaminación, conllevando a que algunos ecosistemas como manglares, los humedales y los arrecifes de coral, hayan perdido servicios ecosistémicos importantes para las economías regionales (FAO, 2012). Colombia no es la excepción, y sus ecosistemas costeros están estrechamente relacionados con comunidades vulnerables, sin embargo el deterioro de los ecosistemas ha empeorado las condiciones de pobreza y vulnerabilidad de sus habitantes. Como respuesta al deterioro de estos ecosistemas, en el mundo se ha recurrido a la creación y establecimiento de Áreas Marinas Protegidas, dedicadas a la protección y al uso sostenible de los recursos, salvaguardando la diversidad biológica e integridad de los ecosistemas. (FAO, 2012). Sin embargo, la presencia de comunidades dependientes de los recursos en estas áreas, ha impedido que se cumpla a cabalidad el objeto de su implementación (McClanahan et al., 2005; McClanahan et al., 2006; Moreno & Maldonado, 2008). En Colombia, el AMP Parque Nacional Natural Corales del Rosario y San Bernardo fue establecida para proteger uno de los más diversos y complejos ecosistemas de coral de la costa colombiana; sin embargo, a pesar del establecimiento de la zona como AMP, se ha deteriorado dramáticamente y la gobernabilidad de las autoridades ambientales se ha visto comprometida. Es así, que en los momentos de planificar para la conservación, no solo se deben establecer los criterios ecológicos, sino aquellos de índole socioeconómico que permitan conocer las características de las comunidades locales y su capacidad de adaptación ante cambios institucionales que restrinjan el uso de los recursos (Cinner et al., 2010; Moreno & Maldonado, 2013). Es así, que ha ido tomando más fuerza que el manejo de los ecosistemas marinos y costeros, junto con los servicios que proveen, debe surgir de la comprensión de los medios de vida de los usuarios de los recursos y de involucrar a las comunidades locales en su manejo. Maldonado & Moreno (2014) han estimado la capacidad de adaptación para las comunidades pesqueras ubicadas en las costas del Caribe y el Pacifico Colombiano, a través de un índice compuesto por tres sub-índices cuya finalidad es medir y caracterizar ciertos criterios socio-ecológicos, socioeconómicos e institucionales de dichas comunidades. Con este índice, es posible enfocar el análisis y posteriores intervenciones en las características de las comunidades que limitan o potencian su capacidad de adaptación a perturbaciones externas. Entre sus resultados se encuentra que las comunidades tienen un amplio conocimiento de su entorno que puede ser incorporado en la formulación de normas y toma de decisiones que favorezcan el éxito de un AMP. Por otro lado, se ha encontrado que estas comunidades presentan altos índices de pobreza, afectando su capacidad adaptativa y que a su vez conlleva a generar acciones que incrementen la satisfacción de las necesidades básicas de los pobladores. En este contexto esta propuesta pretende estimar la capacidad adaptativa de la comunidad del corregimiento de Barú, buscando comprender las condiciones socioecológicas, socioeconómicas e institucionales y los medios de subsistencia de la misma. Esta información puede ayudar a proporcionar una base para dar prioridad a la educación potencial o intervenciones económicas y recomendaciones para las estrategias de gestión eficaces, con base en las potencialidades y deficiencias que tiene esta comunidad.