La contratación pública se ha utilizado para proveer bienes públicos y beneficios ambientales con el fin de asegurar un suministro suficiente que no se proporciona a través de los mecanismos tradicionales del mercado. En los últimos años el alcance para asegurar tales beneficios se ha ampliado para incluir, por ejemplo, los Pagos por Servicios Ambientales (PSA) los cuales son contratos utilizados como medios para incentivar la gestión de la naturaleza (Wamberg & Vedel, 2012) ya que el accionar de las instituciones que llevan a cabo la investigación, la creación de capacidad, y capacitación en conservación del suelo y el agua en la actualidad no están coordinadas y no han sido completamente eficientes en el logro de sus objetivos. (Porras et al, 2007) Así, el fracaso o la incapacidad del gobierno para responder adecuadamente a este tipo de situaciones a través de los mecanismos de regulación ha aumentado el interés en estas herramientas, ya que se crean mediante acuerdos entre proveedores y usuarios de los recursos, siendo en este caso los habitantes rurales o agricultores y las autoridades respectivamente. (Porras & Hope, 2005) Porras & Hope (2005) reconocen que la voluntad de los agricultores de participar en esquemas de PSA se debe a la existencia de algunos atributos de los contratos, reforzando lo enunciado en estudios previos que indican que los atributos de un esquema de PSA pueden alterar y explicar la participación y la no participación de los agricultores en estos acuerdos. Por ello, para garantizar el sentido de pertenencia de los actores involucrados en un esquema de PSA, todos, deben participar activamente en el establecimiento de las prácticas de conservación y los incentivos. Desde una perspectiva normativa, los atributos del contrato que podrían causar un conflicto entre las preferencias de los agricultores y las autoridades, por lo que deben ser investigados a fin de desarrollarlos de modo tal que cumplan simultáneamente ambos requerimientos (Wamberg & Vedel, 2012), ya que la teoría económica supone que el individuo está dispuesto a aceptar (o hacer) un escenario PSA sólo si su nuevo nivel de utilidad es mayor que la que se obtiene del escenario inicial (sin pago). (Porras & Hope, 2005) La literatura aplicada indica que las investigaciones sobre el diseño de los contratos y el comportamiento de elección se realizan a partir de los principios de valoración de SA, la cual se ha desarrollado en dos ramas, a saber, el método de preferencia revelada y el de preferencia declarada. Los primeros estudian comportamientos reales de un bien estrechamente relacionado con el mercado, y los segundos, han incrementado su preferencia durante los últimos 20 años ya que además de evaluar el valor de los bienes mediante el uso y el comportamiento de los individuos en un entorno hipotético cuando se enfrenta con alternativas de escenarios de política, incluyen una serie de enfoques diferentes, tales como el análisis conjunto, el método de valoración contingente (CVM ) y los experimentos de elección. (Wamberg & Vedel, 2012); (Porras & Hope, 2005) & (Alpizar et al, 2001) En los experimentos de elección (CE), se le da una configuración hipotética a los individuos y se les pide que elijan su alternativa preferida entre varias y que realicen una secuencia de tales opciones. Cada alternativa es descrita por una serie de atributos o características, dentro de las que se incluye un atributo monetario. Por lo tanto, cuando los individuos hacen su elección, implícitamente hacen intercambios entre los niveles de los atributos de las diferentes alternativas que se presentan, (Alpizar et al, 2001) & (Bixall et al, 1996) lo que permite visualizar que el método de CE se basa en la teoría de que la utilidad de un bien se deriva de sus atributos y que su valor consiste en la suma del valor de los mismos. (Porras et al, 2007); (Wamberg & Vedel, 2012); (Carlsson, 2004) & (Carlsson et al, 2003)