La coordinación de políticas públicas se articula primordialmente, en relación con los diferentes niveles territoriales y el nivel central de la administración pública, en función de los mecanismos de regulación de los mercados. En ese sentido, a partir del Consenso de Washington a finales de los 80 del siglo pasado, en el mundo entero se introdujeron por doquier reglas institucionales y mecanismos regulatorios tendientes a la liberalización de los mercados y a la supresión de las barreras nacionales. Esto en virtud de que, bajo la globalización, buena parte de los bienes públicos se han transformado en bienes mercantiles de modo tal que cada uno de los niveles gubernamentales ostenta una capacidad regulatoria, afectando con sus decisiones de diverso modo el funcionamiento de los mercados. Estas políticas han pretendido disminuir la capacidad de intervención operacional de los Estados, pero pretenden – al mismo tiempo – que éstos cumplan una funcionalidad mínima que garantice la eficiencia de los distintos actores en el mercado. Sin embargo, se presentan numerosas esferas en las que la provisión de bienes públicos mercantiles se viene dando de manera imperfecta, excluyendo a unos y favoreciendo la concentración de los bienes en otros. Además, la liberalización no impide que los actores gubernamentales en sus diferentes niveles deban responder frente a las presiones y demandas ciudadanas. La propuesta central de esta investigación es plantear elementos Neo institucionales de estudio que ayuden a predecir en algún grado posibles escenarios de debilitamiento de las tendencias expropiadoras de las empresas estatales de los entes regionales del Valle del Cauca para redistribuir el poder de decisión sobre estas empresas desde el estado central y ponerlo de vuelta hacia el Departamento y el Municipio.