La presente propuesta busca evaluar de manera general y a partir de una aproximación empírica, los efectos territoriales y en las finanzas locales del instrumento de la participación en plusvalía, creado por la ley 388 de 1997. Este instrumento cobró relevancia en las esferas académica y política, como producto de la evidente urbanización acelerada en América Latina de la segunda mitad del siglo XX -pasó de un 57% de población urbana en 1970, a un 80.1% para el 2016 (Work Bank, 2018)-, y las deficiencias en la atención y construcción de la infraestructura urbana. En este contexto, era necesario responder a las necesidades generadas por los nuevos habitantes urbanos, pero con las restricciones de las finanzas públicas municipales y nacionales para responder a dichos crecimientos. Adicionalmente, las autoridades gubernamentales se enfrentaban a la necesidad de mejorar la eficiencia económica de las inversiones municipales (Peterson, 2009), en el marco de lo que la teoría denomina la llamada “paradoja de la subinversión urbana”; que señala el dilema asociado a la dificultad de financiar la infraestructura pública, que a su vez aumenta el valor del suelo servido por mucho más que el costo de la propia infraestructura (Shoup, 1994). Al respecto, la recuperación de plusvalías se refiere al recobro, por el Estado, de los incrementos en el valor del suelo (ganancias inmerecidas o plusvalías), generadas por acciones diferentes a la inversión directa del propietario cuya recuperación busca permitirle a las administraciones locales mejorar el desempeño de la gestión territorial y producir los fondos para brindar servicios e infraestructura urbana” (Smolka, 2013, p. 8). Este instrumento ha sido reglamentado e implementado en América Latina de manera diferencial. En Colombia, pese a existir la Ley 388 de 1997 y haberse aprobado los Planes de Ordenamiento Territorial (a partir del año 2000), es poco lo que se conoce sobre las normas territoriales que regulan el instrumento y sus efectos en la práctica. Este proyecto pretende adentrarse de manera analítica y estadística a las características de su implementación en los municipios del país (los que lo han reglamentado) y dar cuenta de su aplicación en el tiempo. A través de una metodología que combina herramientas cualitativas (análisis documental y grupos focales) y cuantitativas (estadísticas, análisis presupuestal), se espera tener un acercamiento al instrumento y sus desarrollos para entender el alcance del mismo, en términos del objeto que se planteó y los resultados que se obtuvieron.