Los países que enfrentan conflictos internos experimentan un efecto expansivo que trasciende más allá de los participantes activos e impacta sobre la población amplia no combatiente de distintas maneras: desplazamiento, mortalidad, morbilidad y pobreza. Se estima que al finalizar el conflicto interno en un país, su PIB experimenta una reducción cercana al 15%, cuyo impacto redunda sobre la población, aumentando el porcentaje de quienes viven en situación de pobreza absoluta hasta en un 30%. El final de un conflicto conlleva gastos crecientes, entre otros, por el aumento de la mortalidad y morbilidad que requieren atención: “aproximadamente la mitad de la pérdida de expectativa de años de vida ajustados a incapacidad debida a un conflicto surge una vez concluye la guerra. Generalmente, estos costos económicos y sanitarios del conflicto no los compensa ninguna mejoría posconflicto en términos de políticas económicas, instituciones democráticas o libertad política” (Collier, et al, 2004, xx). Si bien, para inicios del siglo XX el 90% de las víctimas de los conflictos eran soldados, para finales del mismo siglo la proporción se había invertido, ahora, para el caso de la población civil (Cairns, 1997; referenciado en Collier, 2004). Los países que enfrentan conflictos internos tienden a desviar en gran medida el gasto en bienes públicos, como salud e infraestructura, para fortalecer el gasto militar (que en promedio llega a alcanzar el 5% del PIB en la vigencia del conflicto, y al 17% en la primera década posconflicto), con el consiguiente detrimento de los indicadores sociales. “(…) en 1999 la OMS (2000) calculó que 8,44 millones de AVAI se perdieron como efecto directo de todas las guerras que se sucedían en ese momento. Sin embargo, en ese mismo año, otros 8,01 millones de AVAI se perdieron como consecuencia de guerras civiles que habían terminado entre 1991 y 1997, pero habían aumentado la incidencia de enfermedades contagiosas persistentes. Luego, el efecto de legado sobre AVAI de las guerras civiles fue aproximadamente tan grande como el efecto durante el conflicto” (Collier, 2004, 16). Esta situación puede tener explicarse por el deterioro de las condiciones de vida de la población, producto de un mayor riesgo de enfermar o morir con ocasión del conflicto, o la menor disposición de recursos públicos para atender los asuntos de salud pública. También hay daños psicológicos derivados del conflicto que impactan por la amplitud de la población afectada por problemas de salud mental, y por la persistencia en el tiempo de este tipo de alteraciones. Algunos estudios evidencian las consecuencias del conflicto sobre la salud mental: los refugiados de Bosnia presentaban síntomas de depresión mayor y estrés postraumático entre el 18% y el 53% de los casos; en Camboya el 68% de los refugiados presentó síntomas de depresión profunda, mientras que el 37% mostró síntomas de trastornos de estrés postraumático (Mollica y otros, 1999). Otro de los resultados de los conflictos sobre la salud de la población se relaciona con las minas antipersona, a pesar de su prohibición internacional en 1997. Un estudio previo (Collier y Hoeffler, 2002), muestra la importancia de las políticas sociales en los países que han experimentado conflictos internos: “(…) simplemente con base en el criterio de maximizar el crecimiento a corto plazo, si se trata de un país posconflicto, debería otorgar mayor prioridad a políticas sociales tan incluyentes como ampliar el acceso a la educación y al cuidado de la salud. Aunque, eventualmente, la salud y la educación juegan un papel en el crecimiento, lo hacen con grandes retrasos, de modo que es poco probable que el efecto inusualmente fuerte de las políticas sociales se deba a la función directa que cumplen en el crecimiento. Una ruta alterna puede ser que priorizar políticas sociales incluyentes lance señales a la población en el sentido que el gobierno está comprometido con un acuerdo de paz”.