El acontecer violento en la historia de Colombia ha dejado al día de hoy más de siete millones de víctimas razón por la cual desde finales del año 2010 el gobierno presidencial en cabeza de Juan Manuel Santos decidió otorgar un reconocimiento innegable a la situación que venía aquejando el país. Este reconocimiento expreso se ha puesto en marcha a través de diferentes medidas jurídicas y políticas que intentan mitigar los efectos producidos y redirigirse hacia un plan de reparación integral. En el caso del Municipio de Cota, la Secretaría de Desarrollo Social de Cundinamarca es la encargada de adelantar las actividades relacionadas con el Programa de Atención Integral a las Víctimas de Conflicto Armado a partir de una línea base de 56 núcleos familiares (alrededor de 2.000 personas). Esta situación de Cota, como uno de los focos receptores de personas en desplazamiento, nos lleva a plantearnos interrogantes cómo ¿es suficiente? ¿Garantiza la no repetición? ¿Logra sanear al máximo posible los vacíos dejados por el conflicto armado? ¿Se puede considerar realmente una política integral de víctimas? Es así que, la presente investigación pretende hacer énfasis acerca de cuáles son los límites y alcances de la implementación de la política pública de reparación integral a las víctimas en el municipio de Cota durante el año 2014, afirmando que la implementación de la política pública de reparación integral a cargo del Estado se enfrenta a diversos y complejos escenarios los cuales producen ineficiencia en la aplicación de esta. Algunos factores que contribuyen a esta problemática se ubica en los difíciles procesos de inclusión y participación de la población desplazada en las etapas de construcción de la política pública, así como factores externos ligados a limitaciones presupuestarias o incapacidad institucional de respuesta ante los retos y desafíos del fenómeno del desplazamiento.