Colombia enfrenta una disyuntiva neurálgica en su historia: un Acuerdo de Paz que está siendo birlado por las élites, política e institucionalmente, no solo por el rechazo del legislativo, entre otros, a concretar las circunscripciones para la paz sino por la misma administración de justicia que, en cabeza de la Fiscalía particularmente, parece también prolongar la distinción amigo-enemigo con su cuestionamiento permanente a la JEP. Del ejecutivo, obviamente en cabeza del partido que se opuso al Acuerdo de la Habana, la respuesta es evidente. De otra parte, ante el desdibujamiento tanto de la filosofía política como de la filosofía del derecho, como lo ha sostenido Axel Honneth, las teorías de la justicia se han impuesto paulatinamente como marco normativo de análisis de la sociedad. La filosofía práctica se ha desplazado así de la filosofía moral, política y del derecho como marco de interpretación societal, a la teoría de la justicia para dar cuenta integral de los procesos societales en curso en la modernidad tardía y, en especial, en las sociedades fracturadas o en conflicto. En la denominada justicia transicional en Colombia, los modelos restaurativos se han impuesto como garantes de protección en relaciones planteadas con la dicotomía víctima-victimario, propia del Derecho internacional humanitario y del derecho penal internacional. Sin embargo, para el caso colombiano y especialmente para el Sistema Integral de Justicia, Verdad, Reparación y Garantía de No repetición creado en el Acuerdo de la Habana y que intenta concretar la superación de la distinción amigo-enemigo, por una concepción agonística de democracia adversarial de reconocimiento del otro como adversario, su condición de posibilidad efectiva radica en que la justicia que administre reconozca el valor del proceso de paz y la reivindicación de la memoria y que el ejercicio anamnético se predique de y desde las instituciones mismas medulares concertadas: La Justicia Especial para la Paz (JEP), la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por desaparecidas. Nuestra propuesta, supone explorar el giro conceptual de la justicia hacia una justicia política y constitucional y finalmente anamnética, como presupuesto de una justicia transicional integral, en clave de memoria de lo olvidado y las/los olvidados, de la verdad e historia de los vencidos y una garantía de no repetición que construya narrativas de perdón, reconciliación y democracia adversarial en orden a superar el ansia retaliatoria de una justicia del Talión. Justicia anamnética concebida desde una pretensión diatópica de restauración del, sin duda, daño irreparable de la víctima frente a la sed de venganza de sectores que reproducen lógicas antagónicas amigo-enemigo instrumentalizando en esa dirección a la propia administración formal de justicia orientada hacia la venganza y retaliación.