Las decisiones alrededor del ordenamiento en la ciudad han tenido importantes hitos que se corresponden con las decisiones políticas y de política pública en los distintos períodos de gobierno en la ciudad. Específicamente en Bogotá a partir del 2000, se ha avanzado en el establecimiento de normas específicas de ocupación, uso y edificación en la ciudad y en la definición de algunos instrumentos para orientar los procesos de desarrollo y renovación urbana. Pasados 18 años de la Ley 388/97 es evidente que el territorio que hoy define los límites físicos de la ciudad ha evolucionado en este período de manera desigual. Por un lado, el POT de 2000 y sus instrumentos definieron una propuesta de ordenamiento basada en la programación y el desarrollo de sus áreas libres o vacantes para garantizar el acceso a la vivienda social y la expansión de su territorio hacia las periferias (Sur, Norte y Occidente). Incluso, a partir de 2004 se consolidó esta propuesta con la formalización de propuestas operativas para avanzar en dicha dirección. Sin embargo, ya desde 1997 y en el POT del 2000 era previsible que Bogotá por sus acelerados procesos de urbanización iniciados a mediados del siglo XX y el tamaño de las necesidades asociadas a estos procesos de poblamiento (servicios públicos, vivienda, soportes urbanos, etc.), no solamente tendría que planear el desarrollo de los suelos “libres” y reglamentar la incorporación de suelos y la expansión, sino que debía mirar hacia su interior y al resto de zonas de la ciudad consolidada. En ese sentido, los estudios sobre las acciones y decisiones de ordenamiento no deben perder de vista el conjunto de procesos que se desarrollan en la ciudad “ya construida” y que han enfrentado el proceso de la renovación urbana. Esta propuesta de investigación pretende analizar el alcance de las nomas, pero también las acciones y decisiones de ordenamiento del territorio relacionadas con la ciudad consolidada y que ha sido y es objeto de renovación urbana. Lo anterior, con el fin de establecer las oportunidades y dificultades de los instrumentos que disponen los gobiernos urbanos para actuar sobre el territorio “ya existente”. El contexto que guía los análisis evidencia que tanto el POT de 2000 como su modificación 13 años después (MePOT) definieron normas básicas para la consolidación, reactivación y/o redesarrollo de estas áreas. Teniendo en cuenta que la ciudad de hoy no es la misma de hace 15 años es necesario entender qué pretendían estos instrumentos, cómo se han transformado y qué han generado en la ciudad. Hasta hoy y pese al crecimiento en territorio y población de la ciudad, en este caso también (al igual que la ciudad en desarrollo), pareciera que los avances en la implementación de estos instrumentos están por evaluar en todas sus dimensiones. En esto es importante señalar, que pese a que el POT es un instrumento de planeación de largo plazo, la posibilidad de formular planes de desarrollo y presupuestos cada cuatro años, ha determinado el alcance de estos instrumentos en la práctica política e incluso en sus alcances técnicos (que no están desligados de lo anterior). Este trabajo hace parte de una línea de investigación que pretende entender las decisiones en materia urbanística en la ciudad y el ordenamiento territorial como producto de la interacción entre el sistema político que permite el re cambio político en el gobierno de la ciudad y por ende de la orientación de las políticas públicas a su cargo (incluidas las de ordenamiento territorial) y el conjunto de incentivos de los marcos institucionales más amplios (reglas formales e informales) que permiten o restringen los comportamientos de los actores en el territorio. Integra el análisis de los incentivos de las normas y del régimen jurídico que da origen y forma a los instrumentos de planeación territorial, así como la evaluación de la aplicación de los instrumentos en el territorio.