La década de los noventa en Colombia marcó una de las etapas definitivas en la historia de nuestro país de cara al siglo XXI. Los significativos cambios de todo tipo que sucedieron a nivel mundial y regional ¿caída del muro de Berlín y el posterior desmembramiento del régimen de la Unión Soviética y el triunfo de la democracia liberal como paradigma y modelo del desarrollo político y económico a nivel global- precisamente proyectaron un escenario claramente definido que fue, poco a poco delimitando y potenciando los primeros signos de una ¿nueva época¿. El progreso que había tenido América Latina en este sentido era bien particular. Las transformaciones políticas hacia procesos de democratización, estuvieron generalmente acompañadas por un elemento característico: la descentralización de las instituciones y, en especial, con aquellas que tenían que ver con el gasto público. Esto se impulsó gracias a la adopción de las denominadas disciplinas fiscales en el terreno económico, fórmula que terminó siendo el denominador común dentro de los Estados Latinoamericanos. Colombia, insertada en este panorama no fue ajena de los cambios acaecidos en la región. A nivel local, se entrevió la necesidad de dar un giro a la sociedad colombiana, fundamentalmente a nivel político, con la esperanza de proponer un nuevo escenario distinto al de violencia, corrupción política, anacronía en el manejo de la economía frente al panorama mundial y desbarajuste social, en todos los niveles. Frente a la coyuntura crítica por la que se atravesaba ¿ aún se atraviesa ¿ la alternativa se promovió a partir, básicamente, de una reforma al nivel del poder constituyente, una reforma a la Carta Magna de 1.886. Se esperaba, entonces, convocar a la sociedad hacia su ¿auto-redención¿ profundizando y ¿democratizando la democracia¿, progresando económicamente y, paralelamente, salvaguardando y recomponiendo el orden y equilibrio sociales. Sin embargo, el problema que resulto de toda esta ilusión constitucional fue el de considerar que la norma conduce a un cambio en la realidad política. Se observa entonces, como a principios de la década del 90 se presentan en Colombia dos procesos simultáneos y contradictorios, por una parte la emergencia de una constitución política que buscaba incluir a todos los sectores sociales en su seno, para así contribuir al fortalecimiento de un sistema político democrático más participativo, y por la otra la estructuración de un programa de ajuste estructural diseñado en la administración Barco y concretizado bajo el gobierno de Gaviria. Así, como lo señala Ocampo (1992) se hace manifiesta la dialéctica entre una nueva Constitución que reclama más Estado como mecanismo para superar la crisis institucional, y un plan de desarrollo, que diagnóstica la necesidad de menos Estado. Es por esto que desafortunadamente, y después de casi década y media de la expedición de la Constitución de 1.991, pocas son las promesas cumplidas y - más bien - sí larga la lista de reclamos. Los alcances que el nuevo orden constitucional - significativamente acogido y apoyado por amplios sectores de la población colombiana de esa época ¿ fueron exiguos. La crisis continúa, los resultados son preocupantes para una sociedad que se acostumbró a la crisis. A pesar de la evidencia empírica de todos estos hechos y de la necesidad de un espacio para la reflexión sobre la situación del país, se puede reconocer que, particularmente en materia de la política económica y especialmente en la orientación de las políticas públicas promovidas desde los niveles gubernamentales del Estado, las reformas institucionales y de ajuste estructural continúan irremediablemente su curso. Con base en lo anterior surgen varias preguntas: ¿por qué razón - muy a pesar de estas realidades evidentes - se insiste todavía en continuar con un paquete de medidas políticas y, sobre todo, económicas que a todas luces resultan perjudiciales para la población en general?. Pero, a partir del interrogante anterior surge otro todavía más severo: ¿de qué modos y maneras se siguieron implementando una serie de medidas aún cuando provocaron - y provocan actualmente ¿ un extendido malestar social?. A pesar de las resistencias que se generaron, Colombia ha visto, el despliegue de una estructura bien definida de acciones que, desde el plano gubernamental, promulgan un criterio sobre la conducción de lo público y, en general, de la construcción de un sujeto político particular. En definitiva: ¿quiénes están en la vanguardia de tales procesos? ¿a qué responden específicamente? ¿sus sentidos y orientaciones enuncian fielmente una correspondencia entre intereses, medios, fines y objetivos declarados? ¿son siempre consistentes real y discursivamente?. Entre otras, estas son las preguntas que se ciñen a cualquier análisis de la actual realidad colombiana que quiera buscar procedencias y emergencias comprensivas de la problemática actual. El escenario de principios de la década de los noventa en nuestro país generaría la sospecha más próxima; es evidente que al nivel del discurso político-histórico promulgado desde distintos estratos de la sociedad, tanto gubernamentales como societales, operaron dispositivos que condujeron a la implementación, diseño y ejecución de nuevos prototipos estatales en el manejo público; se ejerció también, una regulación de las resistencias que dichos planes generaban, a la par de ganar por otras latitudes sociales igualmente apoyos legítimos que reivindicaban la acción gubernamental. En este sentido es notable el acercamiento y ¿ mayormente ¿ el ¿resurgimiento¿ de cierta capa intelectual visible en la sociedad colombiana. A partir de los importantes momentos en las estructuras de urdimbre social pero, sobre todo, con miras a la construcción de un marco político y económico-social diferenciado de aquel que lo antecedía, se entrevió la necesidad por incorporar al nivel estatal capas de profesionales, que sirvieran como el soporte técnico-intelectual de las expectativas pactadas. Así las cosas, se observa la consolidación de las relaciones entre el Estado y los intelectuales en la pronunciación de la aplicación del paquete de medidas que incorporan las dinámicas anotadas y que comúnmente han sido denominadas ¿neoliberales¿, en el período de fin de siglo. Este tipo social, parece reflejar ciertas características, a partir de las singularidades del sistema social colombiano: redes cerradas, restringidas y particularmente excluyentes, que responden - y corresponden - a formas organizacionales, de tipo societal, vinculadas con capas decisionales estatales y aquellas económicamente posicionadas que inciden de manera fundamental sobre las dinámicas que, desde lo jurídico-político y como actores de los procesos socioeconómicos, invoca la dinámica social colombiana. En suma, un estudio motivado desde las elites intelectuales proporcionará las claves analíticas y los instrumentos concretos para comprender de manera amplia esta problemática, perseguir soluciones puntuales y, de esta manera, formular efectivamente un sentido de construcción de Nación y de país.