Justicia Imbricada (fase 2) es un proyecto de investigación de derecho constitucional comparado, situado y contextual que pretende continuar con el proyecto iniciado en 2020 (fase 1) en el cual se realizaron importantes hallazgos sobre la compatibilidad de la justicia constitucional con los sistemas políticos de tres países latinoamericanos: Ecuador, Bolivia y México. En esta etapa, este proyecto busca continuar investigando los elementos que nos permitan dar respuesta a la pregunta ¿Cuál es el modelo de justicia constitucional más compatible con la democracia en América Latina? abarcando otros tres países de la región. En efecto, en las últimas décadas el discurso de la dificultad contramayoritaria, puso el énfasis en los déficits democráticos de la justicia constitucional dando dudas sobre la legitimidad de los jueces constitucionales para decidir la constitucionalidad de las leyes. En este sentido, los países latinoamericanos que recientemente habían incorporado en sus constituciones un catálogo extenso de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales DESCA- como Colombia (1991), Ecuador (2008), Bolivia (2009), se vieron interpelados por las promesas de justicia ofrecidas por una justicia cuestionada. Bajo este paradigma, los países periféricos que cuentan con acciones constitucionales con rasgos de autenticidad como Colombia con la acción pública de inconstitucionalidad, o el juicio de amparo mexicano, se vieron forzados a realizar análisis más contextuales con el fin de comprender por qué el discurso dominante no respondía en forma adecuada a tales acciones en su potencialidad emancipatoria y de transformación social desde la ciudadanía (Rodríguez P. 2005, 2011, 2016). Ahora, aunque el discurso de la objeción democrática de la justicia constitucional alcanzó a generar un debate global, lo cierto es que las mismas respondían a la historia constitucional estadounidense, en tanto estado liberal comprometido en la defensa de los derechos individuales, federal, presidencialista y con un limitado Estado del Bienestar. Europa, por su parte, recepcionó con fuerza dicho discurso en tanto el mismo compatibilizaba con la forma de gobierno parlamentaria y con una tradición de aprensión sobre la actividad de los jueces. Ahora bien, la metodología usada para comprender dicha discusión creó un análisis comparativo de corte binario entre modelos de justicia constitucional considerados puros como: el difuso estadounidense y el control concentrado identificado como europeo. En donde los modelos mixtos como los latinoamericanos resultan frecuentemente incomprendidos dentro de la discusión. Por el contrario, este proyecto de investigación ha pretendido adelantar una pesquisa con un enfoque interseccional que conjugue, de una parte, el uso de las metodologías feministas del pensamiento situado, histórico e institucional; con el análisis comparado constitucional denominado cartográfico (Twining; 2003) tomando en cuenta cinco categorías de análisis para comprender las ilaciones entre la justicia constitucional y la democracia; ellas son: i) Las formas de gobierno parlamentaria, presidencial o semipresidencial; ii) La organización territorial del Estado, unitaria o federal; iii) la existencia o no de un estado del bienestar (y la judicialización de los derechos sociales); iv) la cultura política derivada de la forma de estado monárquica o republicana y, v) la gestión o no de la diversidad cultural, como estado nación, multi-inter cultural. Este proyecto busca crear conocimiento nuevo desde, para y con América Latina, basado en nuestras propias experiencias con una nueva selección de países representativos de, en el caso de Perú, la inserción de un sistema político semiparlamentario, Argentina, la intención de incorporación fidedigna del modelo de justicia, sistema político y territorial estadounidense (judicial review) y de Guatemala como un país centroamericano con una justicia constitucional fuerte y un estado económicamente dé