Históricamente se ha reconocido la importancia de tener un catastro actualizado en los países para tener un conocimiento sobre su territorio, el uso y demás funciones como el establecimiento de impuestos sobre la tierra. Sin embargo, pese a dicha distinción, en países como Colombia esta tarea no parece haberse cumplido a cabalidad, generando principalmente problemas en el área rural, tal y como se estableció en un estudio realizado por el Banco Mundial, en donde se aseguró que para el 2019 el 60% de los predios rurales no estarían formalizados en Colombia (Semana Rural, 2019). Dado lo anterior y como solución a una problemática ya conocida, el gobierno mediante el Plan Nacional de Desarrollo contemplado en la Ley 1955 de 2019 y en el CONPES 3958, por medio de la propuesta del catastro multipropósito, estableció la gestión catastral como un servicio público que debía ser sujeto a nuevas regulaciones y actualizaciones que buscarían aumentar la actualización catastral, que superaba el 58% del territorio nacional antes de la implementación de la ley según el director general del IGAC. Ahora bien, el reconocimiento de la problemática y la expedición de leyes para reducirla a primera vista parecen ser suficientes, pero su aplicación fáctica debe ser analizada a profundidad para así poder verificar si las medidas adoptadas fueron eficaces ante la situación reconocida por el Gobierno Nacional. Eficacia entendida desde un punto de vista social, en donde se prime la calidad de vida de los residentes de las áreas en donde fue implementada la propuesta; consecuencia de lo defendido por un Estado social de Derecho, y más específicamente en el deber del Estado de garantizar la prestación de servicios públicos a todos los ciudadanos (consagrado en el artículo 365 de la Constitución Política). Teniendo en cuenta lo anterior, se hace necesario mencionar que los perjuicios consecuentes de la desactualización catastral se reflejan en mayor medida en el campesinado. Según una evaluación del Departamento Nacional de Planeación, a mayor desigualdad, es menos probable realizar una actualización catastral (Rodríguez, 2020) , y en ese mismo sentido, las zonas rurales en Colombia presentan una mayor desigualdad que las zonas urbanas de acuerdo con el índice Gini del Banco Mundial (Banco Mundial, 2022), por lo que no habrá un desarrollo catastral uniforme entre ruralidad y urbanidad. Por esto es que, si se quiere realizar un análisis de lo anterior se considera pertinente estudiar los impactos generados en una población campesina. En lo competente a esta investigación, se trata de la ubicada en el corregimiento de Santa Elena en el Distrito de Medellín. De esta manera, el presente trabajo investigativo busca determinar los impactos de la propuesta del catastro multipropósito en la calidad de vida del campesinado del corregimiento de Santa Elena. Para estos fines, se realizará un análisis tomando como referencia los objetivos propuestos en las producciones jurídicas, las mecánicas propias de la implementación real y la percepción de los individuos a quienes desde un principio se les ha tratado de favorecer.