Los recursos pesqueros son, normalmente, de uso común y libre acceso, por lo que su manejo y control genera importantes dificultades medioambientales, tanto biológica como socioeconómicamente. A través del tiempo, dos fenómenos han cobrado importancia: conciencia sobre la crisis del recurso pesquero; y necesidad de mejorar el control y manejo de las pesquerías. Ambos fenómenos tienen escala mundial, pues desde finales de los años noventas se dispusieron una serie de órganos de pesca que recolectan y evalúan datos; se han formado cooperativas y asociaciones de pescadores, los cuales contribuyen a una mayor participación de la sociedad en la gobernanza de la pesca. (FAO, 2016). En estos procesos, la participación de entidades no gubernamentales ha sido clave para lograr sistemas de monitoreo,se establecen reglas para un uso y administración eficiente de los recursos. En el caso de las pesquerías de pequeña escala como los sistemas lagunares surge el manejo comunitario pesquero, el cual busca promover el empoderamiento de las comunidades que habitan la cuenca amazónica hacia sistemas de manejo autónomo. Es de resaltar que en la Amazonia las instituciones gubernamentales no prestan suficiente atención a las pesquerías ni a las comunidades locales, por lo que estos poseen dificultades en la fiscalización, además las pesquerías no cuentan con la asistencia que el estado debería garantizar. En esta región, la investigación relacionada con los recursos pesqueros ha estado mayormente enfocada a la sostenibilidad biológica, pero se ha dicho sobre las implicaciones que traen en el tiempo este tipo de acuerdos para la población y las comunidades involucradas, pues no se han analizado a profundidad las percepciones que los usuarios tienen respecto a las transformaciones en sus sistemas de gobernanza y las relaciones que se generan entre los diferentes actores del co-manejo. En el caso que este estudio se concentra, la participación de ONGs es de suma importancia, debido a que el Estado Colombiano, tiene muchas deficiencias en sus capacidades para apoyar estos procesos, lo que hace investigación pertinente a nivel local, departamental y nacional ya que los acuerdos de pesca son impulsados desde la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP), la cual empuja a que dichos acuerdos pasen a ser resoluciones nacionales, a pesar de la falta de claridad sobre los compromisos y responsabilidades que adquieren los usuarios de recursos y la capacidad de los mismos para mantener el proceso a largo plazo. En resumen, hay grandes vacíos investigativos en el nivel local pero que requieren una reflexión enmarcada en determinaciones nacionales, relevantes para los procesos de globalización económica y ambiental.