Tras 4 años de la firma del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera entre el Gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP), se inauguró una nueva etapa para la sociedad colombiana la cual demanda grandes retos para construir esa anhelada paz. No obstante, y a pesar del Acuerdo Final la violencia persiste y tiende a concentrarse en las siguientes regiones del país: Región pacifico (Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño); Frontera Noroccidental (Antioquia y Córdoba) y Frontera Nororiental (Norte de Santander y Arauca); ahora bien, la pandemia asociada al Covid-19 ha agravado problemas referentes a la situación humanitaria (asesinatos, desplazamiento, confinamiento, reclutamiento) y ambiental (disputa por recursos naturales, en especial el agua, elemento inherentemente político en lugar de puramente ambiental) en dichas regiones. Como afirma el Instituto Kroc de la Universidad de Notre Dame, la fase de implementación del Acuerdo debe ser de carácter territorial, y enfatizando en las zonas más afectadas por la violencia, sin embargo, el avance general de la implementación del Acuerdo hasta el momento ha sido lento y ha dejado en la atmósfera un clima de preocupación especialmente en torno a garantías de seguridad para los ex-combatientes de las antiguas guerrillas de las FARC-EP. Así las cosas, no es posible rastrear el estado de la implementación del Acuerdo Final y de los nuevos conflictos asociados a él sin información suficiente, diversa y plural a propósito de la situación de los territorios propuestos para el análisis y esta propuesta busca aportar en este sentido. A pesar de los esfuerzos realizados por la institucionalidad, los conflictos hídricos en el Catatumbo, Bajo Cauca Antioqueño y el Pacífico se han agudizado -así como la situación en materia de Derechos Humanos para las comunidades y los excombatientes que habitan el territorio-. De manera que es posible afirmar que en las regiones mencionadas se viven dinámicas de violencia asociadas a nuevas formas de conflictividad social las cuales se han exacerbado en medio de la emergencia sanitaria asociada al Covid-19. Todo parece indicar que en los territorios mencionados ha crecido la violencia: se ha incrementado el asesinato de líderes y lideresas sociales, las cifras de desplazamiento forzado y de confiamientos siguen siendo preocupantes y han emergido conflictos en torno al control y la explotacion de recursos naturales, todo lo cual indica presuntamente que la conflictividad se mantiene pero que la misma es dinámica. En consecuencia esta propuesta busca identificar y entender las rupturas y las continuidades en torno a la conflictividad territorial. De allí que se haga necesario un espacio para la búsqueda, organización y sistematización de datos, generación y transferencia de información acerca las nuevas conflictividades socio-territoriales que han surgido a partir de la firma del Acuerdo Final de Paz en tres regiones del País. Sin embargo, este espacio de comunicación debe reestructurar el puente caído de quienes formulan el análisis y quienes viven día a día las dificultades en sus territorios, se hace indispensable pensar nuevas formas de comunicación que aproximen a la academia a la sociedad y la saquen de su largo hermetismo y discusión circular. Por ello se plantean dos productos de difusión: boletines periódicos escritos y audiovisuales cuyas entregas serán intercaladas de manera mensual; un producto de sistematización: una base de datos sobre conflictividad socio-territorial; y finalmente una reflexión escrita en formato de artículo de investigación.