El 24 de agosto de 2016, tras cuatro años de diálogos entre el Gobierno y las FARC-EP se anunció conjuntamente, el Acuerdo Final para la terminación del conflicto, documento en el que se decantan los términos definitivos de la agenda de la negociación: Reforma rural integral, participación política, fin del conflicto, drogas ilícitas, víctimas e; implementación, verificación y refrendación. Con el anuncio del Acuerdo General, producto de la fase exploratoria (23 de febrero al 26 de agosto de 2012), el escepticismo se convirtió en la nota dominante en los medios de comunicación, que retransmitían una y otra vez, la escena de un Andrés Pastrana sentado a la espera de sus contrapartes de la cúpula guerrillera en San Vicente del Caguán, hacía más de 10 años. Sin embargo, el fantasma del Caguán se fue dejando de lado con el anuncio efectivo de acuerdos los preliminares: El 26 de mayo de 2013 se divulgó el acuerdo sobre el campo colombiano, teniendo como principal horizonte ¿la erradicación de la pobreza rural extrema y la disminución en un 50 % de la pobreza en el campo en un plazo de 10 años¿. Meses después se realizó el anunció del acuerdo de participación en política (6 de noviembre), el cual promete ¿la ampliación de la democracia como camino para tramitar los conflictos de manera pacífica y el rompimiento definitivo del vínculo entre política y armas¿. El 16 de mayo de 2014, se hizo el mismo ejercicio con el acuerdo sobre drogas ilícitas para ¿la sustitución voluntaria de los cultivos de uso ilícito y la trasformación de los territorios afectados, dando la prioridad que requiere el consumo de drogas ilícitas bajo un enfoque de salud pública¿. Luego varios meses de discusiones y de visitas de víctimas a La Habana, el 15 de diciembre de 2015 se hizo público el acuerdo sobre el quinto punto, con el que se busca ¿lograr la mayor satisfacción posible de los derechos de las víctimas, rendir cuentas por lo ocurrido, garantizar la seguridad jurídica de quienes participen en él, y contribuir a alcanzar la convivencia, la reconciliación, la no repetición, y la transición del conflicto armado a la paz¿. Finalmente, el 23 de junio de 2016 se oficializó el acuerdo sobre el punto tres (fin del conflicto) así como los últimos ajustes sobre el punto seis (implementación, verificación y refrendación). Es evidente que este proceso de negociación ha generado múltiples dinámicas sociales, económicas y políticas, que tienen su mayor expresión en las regiones afectadas por el conflicto y las cuales no tienen necesariamente, la misma resonancia mediática en las principales ciudades. Por esta razón, en esta propuesta se plantea ¿monitorear las posturas de los actores sociales, políticos, económicos y armados en relación con el proceso de formulación e implementación del Acuerdo Final en las regiones del Urabá antioqueño, Catatumbo y Cauca-Nariño, durante el periodo 2016-2017¿. Esta propuesta toma como punto de partida el apoyo mayoritariamente favorable al plebiscito del próximo 2 de octubre y, se encuentra respaldada por el trabajo juicioso del Observatorio de Actores Locales para la Paz Territorial (ALOPT), en torno al análisis de agendas y conflictos que tienen lugar en las regiones apartadas. Se trata de una apuesta por la reflexión académica comprometida con el diálogo social, para comprender las particularidades territoriales que afectarán la implementación de las políticas públicas derivadas del Acuerdo Final, al tiempo que se visibilizan las posturas de actores que históricamente han sido excluidos de la esfera pública y que hoy retoman con fuerza su rol transformador del territorio en pro de reflexionar sobre no sólo la construcción de paz, sino del Estado colombiano y sus mecanismos de resolución de conflictos y de ampliación democrática.