Estudios muestran que una de cada cuatro niñas y uno de cada ocho niños, podrán estar expuestos a ser sexualmente agredidos antes de cumplir 16 años. En el 90% de los casos el abusador es un hombre y se estima que sólo un 30% de los casos se denuncian, pues en ocasiones, el agresor es un miembro cercano de la familia del menor, que muchas veces cuenta con la complicidad o mutismo del resto de familiares. Según el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses-INMLCF, para los años 2004-2008 y 2009-2012, los porcentajes de víctimas de abuso sexual infantil comprendían el 84% para las niñas y el 16% para los niños. Siendo las mujeres la población más afectada por delitos sexuales, el rango de edad de mujeres ubicadas entre los 10 a 14 años de edad representaba el 36% del total de casos, pues este grupo etáreo se caracterizan por atravesar la etapa del ciclo vital donde se alcanza la adolescencia y pueden reunir características fenotípicas que las hacen más deseables para los depredadores sexuales, seguida esta por el rango de edad de mujeres entre los 5 y 9 años (Forero y Mora, 2004- 2008). Según Quintero, A., y Conde Iria (2011) el proceso judicial supone, para el menor víctima de abuso sexual, un recorrido muy doloroso al pasar en sucesivas ocasiones por interrogatorios que le obligan a rememorar el abuso y que supone una nueva victimización añadida al abuso. Save the Children (2001) describe así la problemática ¿Nuestros procedimientos penales no señalan diferencias respecto de los adultos, no tienen en cuenta las necesidades y los derechos de los niños. El menor será obligado a declarar no una, sino varias veces, incitándole a recordar nuevamente los hechos, a rememorar cada uno de los detalles en un ambiente muy formalista y distante¿. Esto va a producir un efecto boomerang: el propio proceso penal se vuelve contra la víctima. Los menores víctimas de un delito sexual se volverán víctimas de otro maltrato: el institucional (Griesbach y Castaner, 2009) De acuerdo con Echeburua, Corral y Amor (2004, citados por Suarez, 2011) la revictimización, también conocida como victimización secundaria, es el conjunto de acciones u omisiones capaces de desmejorar el estado físico o psíquico de la víctima, a lo largo del proceso de búsqueda de ayuda jurídica; dicho proceso esta particularmente relacionado con el sistema legal-institucional, ante el cual la víctima encuentra incomprensión, insensibilidad, dudas acerca de su testimonio, retraso en los procesos jurídicos y falta de información. El objetivo del presente estudio es realizar una caracterización de éste fenómeno en Colombia, identificando las causas y efectos, al tiempo que se realiza un diagnóstico de la ocurrencia del mismo en Colombia.