En el marco de un Estado Social de Derecho la institución policial se concibe como un elemento transversal para la materialización de los fines constitucionales de los que trata el artículo 2 de nuestra Constitución. Se tiene que la institución policial debe velar por la materialización de estos, en especial aquellos de servir a la comunidad, garantizar la efectividad de los derechos y deberes consagrados en la Constitución y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Se parte del hecho de que la institución policial dentro de la teoría contemporánea de la estructura de un Estado Social de Derecho deberá apuntar a una estructura de índole civil encargada de atender problemáticas, en principio civiles, y de manera muy excepcional de una institución de personas armadas y militarizadas. Sin embargo, por la realidad histórica colombiana enmarcada en el conflicto armado, la Policía ha tenido una estructura y concepción militarizada, lo que ha llevado a que sea una institución de tipo ejercitoforme, con acciones militares que también debe velar por la convivencia pacífica, el orden social y la seguridad para las comunidades y la ciudadanía. Fruto de esta realidad, así como también del complejo panorama político de Colombia la institución policial en Colombia debe actuar de manera efectiva tanto a posibles situaciones contingentes como el estallido social, el crimen organizado y la cibercriminalidad, como a los problemas sociales más comunes, esto es, problemas de convivencia pacífica, orden público, protesta social, problemas de vecindad, entre otros. En esta dicotomía, se espera de la institución una permanente actuación que respete los derechos fundamentales que cobijan a todos los ciudadanos ante los posibles abusos de poder por parte de los aparatos del Estado. Sin embargo, emerge evidente que la Policía Nacional desempeña funciones como un ente militarizado apartándose de su concepción original. Aquí se anota que ni la lucha contra el crimen organizado ni la situación de conflicto armado que vive el país, pueden considerarse argumentos válidos, a la luz de la orientación constitucional de la policía, para derivar en las irregularidades que se han denunciado por diversos medios como parte del desarrollo de la institución, situaciones como abuso del poder, corrupción policial, patrones de violencia, entre otras, que se esperan estudiar en el marco del devenir investigativo de este observatorio de investigación. Será necesario que se observe de manera detenida como el poder, la función y la actividad de policía responde a estas contingencias. El proyecto contará con el apoyo y la articulación estratégica con el grupo de trabajo sobre la policía chilena y sus reformas de la Universidad de Chile con actividades académicas y una visita a la Universidad Nacional de Colombia, financiada por dicha Universidad, del profesor Felipe Abbott Matus.