La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) es el componente judicial del Sistema Integral para la Paz, cuyo objetivo es investigar, juzgar y sancionar las graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al DIH cometidos debido al conflicto armado interno en Colombia, tanto por agentes estatales, como por miembros de las FARC-EP. El deber de investigar, juzgar y sancionar a los máximos responsables de tal masividad de hechos, como de asegurar los derechos de las víctimas de estos acontecimientos requiere la adopción de una metodología de investigación propia de los contextos de macrocriminalidad en los cuales tuvieron lugar los crímenes internacionales a investigar. Por lo tanto, no es suficiente la aplicación del modelo tradicional de investigación y judicialización empleado por la jurisdicción penal ordinaria, basado en una concepción retributiva y punitiva de la justicia, excluyente de las víctimas. La experiencia más cercana y que ha afrontado los mismos problemas que aborda la JEP, fue la jurisdicción de Justicia y Paz, en la cual los Fiscales de la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía General de la Nación adoptaron una metodología de agrupación de casos con el objetivo de investigar los crímenes ya no siendo atribuibles a individuos en específico, sino a estructuras organizadas, de forma sistemática y con una extensión en el tiempo y sobre un territorio determinado. Esta necesidad de reformular la investigación de hechos en un contexto macrocriminal, condujo a la adopción de la Directiva 01 de 2012, en virtud de la cual se adopta la metodología de priorización de casos, elaboración de contextos y de patrones de macrocriminalidad. (Aponte, 2017) Sin embargo, a pesar de los intentos por establecer una metodología de investigación en clave macrocriminal, se observa que la jurisdicción de Justicia y Paz dejó de lado la participación y exigencias de las víctimas, adoptando un modelo efectivista, donde la determinación de patrones de macrocriminalidad y contextos fueron utilizados únicamente para determinar líneas de mando y emitir sentencias condenatorias en contra de los denominados máximos responsables, orientando su labor jurisdiccional a unos fines meramente punitivos. (Cuervo, 2016) Dentro de la puesta en marcha de sus labores, y con el objetivo de optimizar sus tarea, la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad (SRVR) de la JEP, implementó una metodología para la priorización de casos y situaciones, con el objetivo de destacar los eventos de mayor gravedad para su investigación y juzgamiento, partiendo de la premisa que dada la masividad de hechos y actores involucrados se hace imposible estudiar cada uno de los acontecimientos que tuvieron lugar en el marco del conflicto armado (JEP, 2018), lo que hace imperativo la selección de eventos de destacable gravedad y con carácter representativo, en el cual las víctimas de casos que no fueron seleccionados puedan verse representadas. (Rojas & Merchán, 2023) En vista de lo enunciado anteriormente, es de vital importancia que desde la sociedad civil y la academia, se haga seguimiento a las decisiones adoptadas por la JEP en sus distintas instancias, con el objetivo de hacer una evaluación respecto de la metodología de investigación e instrucción de los macrocasos abiertos hasta este momento, con el fin de determinar que en verdad su labor judicial esté orientada a la satisfacción de los derechos de las víctimas en clave de justicia restaurativa, y no solamente a una justicia basada en resultados punitivos. Asimismo, este seguimiento cobra relevancia al tener en cuenta que tras cinco años de entrada en funciones, la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la JEP ha emitido tres autos de determinación de hechos y conductas; el auto 019 de 2021, en el marco del macrocaso N°1; y los autos 125 y 128, en el marco del macrocaso N°3. Se propone la creación de un Observatorio de Investigación y Reparación del daño que trabaje en c