Se propone verificar el ciclo de política regulatoria sobre la normatividad dispuesta para los Bonos Verdes, ello implica identificar las etapas, desde la expedición hasta el monitoreo de la Guía de los Bonos verdes de la SFC y la Circular Externa No. 028 del 7 de septiembre de 2020 que la adoptó. Para ello es importante remitir a la teoría de los Bonos Verdes, de la cual se extrae que no solo existen los bonos públicos y corporativos, en general la existencia de bonos basura implica la pertinencia de la verificación a los procesos de certificación en que se sustenta (F. Trochon, 2019) y que determinan los estándares a que los emisores de éstos instrumentos de valores han de someterse para la emisión de éstos instrumentos enfocados en la financiación de actividades de conservación ambiental y de protección climática (Recine, 2019). En relación con el contexto, se tiene que la rentabilidad en Colombia de los Bonos Verdes se ha proyectado a 2025 según ASOBANCARIA (2017) con un crecimiento exponencial superior al 15% y con una caracterizada superioridad de la demanda sobre la oferta de éstos instrumentos (Uribe, 2019). Por otra parte, según el movimiento en la Bolsa de Valores Colombiana entre 2016 y 2019 estos instrumentos siguen siendo una alternativa para financiar proyectos de conservación ambiental y protección climática como compromisos adquiridos por partes de los denominados países en desarrollo, de forma reiterativa se encuentra en la academia que existe una insuficiencia de la oferta frente a la demanda de Bonos Verdes, pero se ha destacado también su ausencia de liquidez y la necesidad de su alta calificación (Avellaneda & Rojas, 2021). En relación con la evaluación normativa, se usará como referente el esquema general análisis de políticas públicas desde la perspectiva cíclica tomando como referente a la academia (Fuenmayor, 2017) y a la metodología de Análisis de Impacto Normativo (DNP, 2021) que consta de una formulación del problema, consulta para la participación, determinación de objetivos, las opciones para resolver el problema, la existencia de un análisis de impacto, la comparación y selección de opciones, una consulta final, y el monitoreo del cumplimiento (evaluación). La propuesta para la emisión es garantizada por la tecnología descentralizada (de cadena de bloques - Blockchain) que aplique un protocolo energéticamente sostenible a través de bonos emitidos mediante un documento que integra la información suficiente, desarrollado en formato NFT (arte digital) como soporte único e inmodificable. La plataforma debe estar abierta a la verificación externa en cada una de sus modalidades, a saber: i) Dictamen u Opinión Independiente; ii) Verificación; iii) Certificación y/o; iv) Calificación de Bonos Verdes como buena práctica reconocida por la Guía de Bonos Verdes de la SFC (2020) tomando como referencia a la International Capital Market Association, ICMA. Existe un estado del arte sobre la aplicación de Blockchain en la expedición de Bonos verdes y su conveniencia por la facilidad que presta para demostrar los aportes a conservación y protección climática de emisores e inversores (Sanderson, 2018). Frente a la sub-oferta de bonos verdes, ésta se trata tecnológicamente mediante la escalabilidad del sistema, de forma que se ha destacado la posibilidad de Blockchain para incrementar el rendimiento de los Bonos Verdes al facilitar el registro de la información extra-financiera que requieren éste tipo de instrumentos, abaratando los costes de emisión (Schrenk, 2021). El proyecto Algorand, propone la tokenización fungible y no fungible (Eshghie, et al, 2022) sobre la necesidad de prevenir el greenwashing, aportando una plataforma automatizada que integra al agente regulatorio del sector financiero, los inversores autorizados por el anterior, los emisores quienes pueden aportar la información relevante y el acceso a verificadores para la emisión de calificación verde cualificando la reputación (Katten, 2