--La firma de un acuerdo final para la terminación del conflicto armado es el paso más importante que dará la sociedad colombiana en el último medio siglo. Con la dejación de armas, reinserción a la vida civil de la insurgencia de las FARC-EP y la conversión de estos en fuerzas políticas que compitan por posiciones de gobierno, sumado al compromiso de la institucionalidad de transformar el sistema político en función de hacerlo más incluyente y proveer de completas garantías al conjunto de organizaciones sociales y populares que han hecho oposición, se prospecta que nuestro país cierre el ciclo de la violencia política. Por este motivo, una de las diversas discusiones que se vienen en el marco de la implementación de los acuerdos de paz está referida a la participación y representación política; y con ello, las garantías a la oposición y los cambios que debe hacerse al sistema político para hacerlo estable y legítimo para todas las fuerzas que integran el espectro político nacional. Por oposición no sólo entendemos al conjunto de partidos jurídicamente definidos con representación parlamentaria, sino, también, al entramado de organizaciones sociales y populares, plataformas cívicas, etc. que materializan su opinión política a través del ejercicio de la acción directa de la protesta social, la cual históricamente ha servido de excusa para estigmatizar a las organizaciones sociales, señalándolas, incluso, de ser afines al ideario político de las organizaciones guerrilleras. No obstante, en el escenario de apertura democrática, la participación política a través de la protesta social cobra relevancia en el sentido de leer las organizaciones sociales y populares en clave de catalizadoras de las demandas y reivindicaciones de las comunidades asentadas en zonas golpeadas por el conflicto armado. La Marcha Patriótica y el Congreso de los Pueblos, organizaciones sociales integradas por las comunidades asentadas en zonas donde no sólo se ha vivido la violencia política, sino, también, se llevan adelante proyectos mineroenergéticos que han desencadenado conflictividades alrededor del uso del suelo rural, han motivado a las más variadas formas de organización de comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes que, al calor del punto dos de discusión en la mesa de conversaciones de paz de La Habana, traen a colación las posturas complementarias y contrapuestas por lo que se entiende como participación y representación política. De esa forma, el punto dos del acuerdo suscrito entre la insurgencia armada de las FARC y el gobierno colombiano, contempla formas concretas de participación política que, aunque buscan ampliar el sistema político colombiano con nuevos actores y herramientas políticas al servicio de estos últimos, no está en total correspondencia con la postura de los movimientos sociales señalados, en cuanto a participación, puesto que estos tienen propuestas encaminadas a la transformación del Estado que, aunque coinciden con la mesa de paz en la ampliación de la democracia, se distancian en la búsqueda de un nuevo tipo de relacionamiento político al interior de la sociedad, ligado a la construcción de poder políticos desde abajo, lo cual debe garantizar la participación política de las gentes del común que, históricamente, han sido excluidas del andamiaje político nacional.