El ordenamiento territorial -OT- en Colombia ha implicado la creación de fronteras, límites administrativos y entes territoriales (municipios, departamentos o regiones, entre otros), como formas de organización espacial para el establecimiento del orden social y político. Lo que conlleva a una serie de interrogantes ¿cómo, para qué, ¿qué se ordena? La respuesta a estos interrogantes ha puesto al OT en una tensión, ya que su dimensión normativa se reduce a un elemento funcional, en la que operan los planes o esquemas de ordenamiento, los cuales generalmente son sometidos a las decisiones de políticas que terminan limitando o desconociendo la capacidad de las autoridades municipales para decidir sobre los usos del territorio, así como negando los derechos ciudadanos de los pobladores locales a participar de estas decisiones. Esta tensión se ha traducido en conflictos territoriales, a partir de la contradicción entre dos lógicas de OT: una donde se promueve la construcción de propuestas por parte de las comunidades rurales (indígenas, afro y/o campesinas mestizas) que reivindican territorialidades alternas, que ponen en el centro la soberanía alimentaria, la participación comunitaria, el cuidado de la vida y la permanencia en el territorio; y otra que promueve la recentralización de las decisiones pasando por encima de las comunidades locales, buscando convertir a los territorios en instrumentos para aumentar la competitividad y en últimas incrementar las ganancias del poder corporativo. Estas dos lógicas se superponen en la vida cotidiana de los territorios, donde coexisten normas y acciones de los distintos niveles de la institucionalidad estatal, redes económicas del mercado, proyectos extractivos, con prácticas económicas, culturales, políticas, sistemas agroalimentarios y de relacionamiento con el ambiente por parte de los pobladores locales. Además, las políticas que subyacen a estos procesos se pueden considerar en muchas ocasiones como “espacialmente ciegas”, ya que se construyen desde una mirada que no reconoce las espacialidades de los fenómenos que producen los problemas territoriales. Estos cuestionamientos llevan a fijar la atención en los distintos actores económicos, políticos y sociales (empresas, Estado, comunidades locales) y en las acciones que éstos generan con miras a transformar los espacios rurales, las cuales generalmente apuntan a diferentes proyectos, inmersas en juegos de poder en distintas escalas. Con ello, lo rural y lo campesino quedan sometidos a múltiples intervenciones, sea por acciones de una escala superior o inferior, o por intervenciones económicas como la agroindustria, la ganadería, la minería y el turismo, donde lo campesino no tiene políticas claras o, incluso, una definición, y menos un reconocimiento de sus dinámicas territoriales.