Colombia es un país que cuenta con una gran diversidad de climas y zonas geográficas. Su ubicación privilegiada cerca al mar caribe, el océano pacifico y la cordillera de los andes, le ha brindado una gran riqueza en ecosistemas, que abarcan desde montañas, llanuras, paramos hasta desiertos y selvas. Su diversidad ecológica ha ayudado a prosperar el sector agrícola, al permitir la producción de una amplia gama de cultivos agrícolas, muchos de estos con un alto impacto en la economía del país por su alto consumo a nivel nacional y su amplia comercialización a nivel internacional. Con el fin de cubrir la alta demanda de este tipo de cultivos, los agricultores del país se han visto en la necesidad de incrementar el uso de agroquímicos, principalmente aquellos destinados al control de plagas, tales como insectos, hongos y mala hierba. No obstante, el aumento en el uso de estos agroquímicos implica un problema para la seguridad y calidad alimentaria. El uso excesivo de los plaguicidas y su aplicación sin el seguimiento de lineamientos tales como la buenas prácticas de agricultura1 (BPA) y el manejo integrado de plagas2 (PIM) puede generar residuos que por su carácter toxico implican un potencial riesgo a la salud del consumidor. En vista de esta situación organismos internacionales han establecido normas respecto a las concentraciones máximas permitidas de estos residuos en los alimentos, con el fin de establecer un margen de seguridad para su comercialización. Colombia al ser un gran productor de alimentos frescos, tiene el deber de asegurar la inocuidad y calidad de los alimentos a través del seguimiento y cumplimiento de estas normas en todo el territorio nacional. Para cumplir con esta tarea el país debe contar con herramientas que le permitan evaluar la residualidad de estos contaminantes a las concentraciones de regulación.