La contaminación del aire por material particulado, así como de otros contaminantes, ha sido un problema ambiental persistente en las principales ciudades de Colombia, y otras ciudades de Latinoamérica. Medellín, y en general el Valle de Aburrá (Colombia), se caracteriza por tener unos altos niveles de contaminación atmosférica llegándose a exceder en algunos puntos de esta zona los niveles máximos establecidos como críticos por su impacto sobre el medio ambiente, y en particular, sobre el bienestar humano (Red Aire 2006, 2007; Bedoya et la. 2004, 2005a, 2005b; AMVA 2006). Existen investigaciones que muestran que la contaminación atmosférica, a los niveles actuales, está asociada a una variedad significativa de problemas de salud pública. En ellas se ha logrado recoger evidencia para el Valle de Aburrá que apunta a relacionar la contaminación del aire con enfermedades respiratorias y cardiovasculares, y además con una mortalidad prematura. Aparte de ello, se estima que entre un 60 y 70% del total de contaminantes emitidos a la atmósfera es atribuible a las fuentes móviles, lo cual da pie para pensar en que gran parte de las políticas ambientales conducentes a mejorar la calidad del aire deberían estar orientadas a cambios de comportamiento en el uso actual de vehículos particulares y las tecnologías incluidas en estos. En el año 2001 Empresas Públicas de Medellín (EPM) inició un programa consistente en la promoción del uso del gas natural vehicular (GNV) dentro los parque automotor del Valle de Aburrá. Para tal se ha estado ofreciendo un incentivo económico (subsidio) provisto por ECOPETROL, con el fin de promover la conversión de vehículos pequeños y medianos con motores a gasolina o diesel, a sistemas híbridos que involucren el uso de ambos combustibles: gas natural, y gasolina o diesel. De esta manera, el número de vehículos convertidos ha crecido de manera exponencial, pasando de 652 autos convertidos en el año 2001 a un total acumulado de 16.089 en el año 2006. Dados los diferentes tipos de impactos de la contaminación atmosférica (salud, estética, etc.), desde un punto de vista de la política ambiental es de particular importancia conocer el impacto de un programa como el impulsado por EPM, teniendo en cuenta no solamente la masificación de una fuente energética alternativa como lo es el GNV y los beneficios financieros que trae para los propietarios privados, sino además en términos de lo que puede ser el beneficio social (marginal) por menor emisión de algunos contaminantes, principalmente asociando este beneficio social el menor impacto sobre la salud pública por reducción de emisiones de algunas fuentes móviles. La masificación del uso de combustibles alternativos, sin embargo, trae consigo no solamente beneficios como los mencionados hasta ahora en estos y otros estudios (Liew & Liew 1995; Ballardin 2005), sino además costos que deben ser considerados en un análisis de equilibrio parcial. Estos costos podrían enmarcarse dentro de lo que son los subsidios (o menores impuestos) asociados al uso de combustibles alternativos, y los efectos tributarios por menor venta de aquellos combustibles tradicionales (Carlsson & Johansson-Stenman 2003). Por lo tanto, se requiere de la realización de investigaciones que hagan cuenta de los beneficios y costos de estos tipos de programas con dos propósitos: evaluar de políticas de cambios en la calidad ambiental por uso de energías en el sector transporte; y comparar tales resultados a nivel regional y global. La estimación de los beneficios ambientales por emisiones evitadas es, no obstante, un problema mayor dado los costos en que debe incurrirse para la elaboración de estudios de primera mano a través de los métodos de valoración económica del ambiente. En consecuencia, una entidad reguladora estaría interesada en buscar caminos que le permitan estimar aproximadamente estos beneficios económicos para cada una de las diferentes políticas que se desean evaluar, sin la necesidad de asignar recursos a estudios primarios de valoración de cambios en la calidad ambiental. Algunos de esos caminos se encuentran en la metodología denominada como Transferencia de Valores, o más comúnmente conocida como Transferencia de Beneficios; metodología que en la presente propuesta de investigación se pretende aplicar y comparar bajo sus diversos enfoques, en el marco de la evaluación de una política pública implementada para promover el uso de un combustible alternativo en automóviles.