El pasado 20 de julio el gobierno nacional, en cabeza del Ministerio de Educación Nacional, presentó a la sociedad colombiana los borradores de los proyectos de ley que marcarán las reformas educativas durante el mandato de Gustavo Petro. Por una parte, se publicó un proyecto de ley estatutaria que establece el derecho fundamental a la educación en todos los niveles; por otra, se socializó un proyecto de ley ordinaria que reforma integralmente la Ley 30 de 1992. Aunque no es clara la secuencialidad y la manera como el MEN acompasará ambos procedimientos legislativos (no tendría sentido reformar la Ley 30 para tener que ajustarla, nuevamente, a las disposiciones de la ley estatutaria), los objetivos del gobierno son claros: avanzar en la exigibilidad del derecho a la educación desde la educación inicial hasta el pregrado, y reformar la Ley 30 de 1992 para adaptarla a los requerimientos de las sociedades contemporáneas. Sobre este último aspecto, se ha reiterado la necesidad de cambiar una norma creada hace 30 años en un contexto histórico, político, social y económico muy diferente al de hoy. Se ha partido, entonces, de la premisa de que el sistema de educación superior colombiano se ha mantenido hermético y rígido frente a los cambios acaecidos en la sociedad en las últimas tres décadas. Sin embargo, esta premisa es falsa. Y tiene como consecuencia llevar a pensar (también de manera equivocada) que lo consignado en el proyecto de reforma representa un verdadero cambio frente a la configuración actual del sistema de educación superior. Estas equivocaciones ignoran el sentido y el conjunto de las reformas que desde 2002, y en el marco de los gobiernos de Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos e Iván Duque, se han venido impulsando sin modificar la Ley 30 de 1992, mediante instrumentos de política pública controlados por los gobiernos de turno (planes nacionales de desarrollo, decretos, leyes de Presupuesto General de la Nación, resoluciones, acuerdos y documentos Conpes). Se desconoce también que después de las movilizaciones estudiantiles y profesorales lideradas por la Mesa Amplia Nacional Estudiantil en 2011, el gobierno optó por cambiar su estrategia y avanzar en el impulso a sus reformas sin retocar la Ley 30, configurando un pilar de normas paralelo que ha afectado de manera profunda el sistema de educación superior. Este fue el sentido del “Acuerdo por lo Superior 2034”, y los efectos de esta estrategia en el sistema de educación han sido notorios: se ha fortalecido significativamente el SENA sin abordar el debate sobre el tipo de educación que allí se imparte, se ha extendido el crédito educativo para acceder a la educación superior, se ha profundizado la “pirámide de la educación superior” con una distinción equivocada entre carreras técnicas, tecnológicas y universitarias, se lanzaron los programas “Ser Pilo Paga” y “Generación E” con cohortes de estudiantes beneficiarios aún vigentes, se ha desarrollado el Sistema de Aseguramiento de Calidad, se ha impulsado selectivamente la gratuidad en los pregrados y se ha creado el Sistema Nacional de Cualificaciones. A ello debe agregarse otro conjunto de cambios producidos también en el marco de estas apuestas gubernamentales: el tiempo de los pregrados se ha reducido y se han incrementado de manera rotunda el número de posgrados. Muchas de estas iniciativas han sido objeto de críticas, pero no de discusiones profundas al interior de la academia. De hecho, la ausencia de una metodología adecuada en los espacios impulsados por el gobierno no permitió abordar pausadamente estos aspectos, ni mucho menos, la cuestión más amplia del sentido de la educación superior en la sociedad contemporánea y de las alternativas que pueden visualizarse con respecto a las reformas que se han impulsado en los últimos 20 años. Surge entonces la pregunta sobre el Marco Nacional de Cualificaciones y su sentido para la educación superior en general, y para la universidad pública en particular.